Quien descubrió el presunto fraude, una diputada radical, presentó un proyecto de ley para evitar que se repitan situaciones similares.
Escándalo en la Liga: de los certificados truchos al Registro de Sellos
Los casos de corrupción suelen salir a la luz casi por azar. Así fue en el caso Watergate, cuando un robo menor en un edificio de Washington D.C. terminó derrumbando una presidencia, y -salvando las distancias- así también ocurrió con el escándalo de los certificados médicos truchos en la Liga Mendocina de Fútbol, cuando una dirigente advirtió que los "aptos médicos" de los jugadores llevaban el sello de su tía, una médica que jamás había firmado esos documentos. A partir de ese hallazgo fortuito, se destapó una trama de falsificaciones y manejos irregulares que hoy sigue bajo investigación con cuatro personas imputadas.
Ese episodio, que expuso la facilidad con la que se pueden falsificar sellos y firmas profesionales, motivó a la dirigente y diputada que destapó el escándalo, Giuliana Díaz (UCR), a presentar un proyecto de ley para crear el Registro Provincial de Sellos Profesionales. La iniciativa busca cerrar los vacíos legales que permitieron que cualquiera pudiera mandar a hacer un sello con nombre y matrícula en cualquier imprenta sin control ni verificación.
"La situación evidencia que en Mendoza, como en gran parte del país, aún existen vacíos normativos que facilitan la falsificación de documentos médicos y profesionales, debido a la ausencia de controles en el proceso de impresión de sellos y material gráfico con valor habilitante", expuso la legisladora y presidenta de la Comisión Femenina de la Liga Mendocina de Fútbol.
La iniciativa plantea que toda imprenta, casa de sellos o taller gráfico que opere en Mendoza deberá verificar la identidad y la matrícula del cliente antes de confeccionar un sello. Además, cada pedido deberá inscribirse en el nuevo Registro Provincial de Sellos Profesionales, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia. Allí se registrarán los datos personales del profesional, el número de matrícula y una copia digital de la documentación presentada.
Díaz fundamentó la propuesta en tres ejes: protección de datos profesionales, transparencia institucional y modernización del Estado. "El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad jurídica y sanitaria de los mendocinos, sin caer en burocracias excesivas, pero sí estableciendo mecanismos mínimos de control y trazabilidad ", señaló la diputada.
Ver más: Certificados truchos en la Liga Mendocina: imputados y fianzas
Un presunto fraude de cientos de millones de pesos
El escándalo comenzó a salir a la luz cuando la diputada Díaz participaba de una reunión del Consejo Directivo de la Liga y escuchó el nombre de su tía cuando nombraron a los profesionales que estaban a cargo de los electrocardiogramas. Y, semanas después, el caso llegaría a la Justicia y derivaría en la imputación de cuatro personas.
El sistema funcionaba así: ni los clubes ni los jugadores de manera particular podían gestionar los aptos físicos. En cambio, la Liga centralizaba el proceso a través de una empresa contratada, que organizaba jornadas en distintos clubes; por ejemplo, "el viernes a las 16 en Andes Talleres", donde se convocaba a los jugadores para realizarse estudios básicos.
Por cada chico, se cobraban alrededor de 40 mil pesos, por más que tuviese una obra social que le hubiese permitido hacerse los estudios de forma gratuita en un consultorio. Se estima que alrededor de 1.000 jóvenes pasaron por ese circuito durante años, sin control efectivo sobre la autenticidad de las firmas ni la validez de los estudios, por lo que la cifra del presunto fraude sería de cientos de millones de pesos.
Hay cuatro imputados por estafa y falsificación de estudios médicos: Fabio Alenda, exdirigente de la LMF y dueño de S+MM Salud (la empresa que había sido contratada para realizar los estudios médicos), la médica clínica Natalia Busceme, y dos empleadas de un centro de salud: Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy, madre e hija.
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