Son dos jóvenes de 21 y 20 años que lograron desviar cerca de 30 millones de pesos del programa laboral que depende del Gobierno de Mendoza. Están imputados por fraude.
Embargan y prohíben salir del país a los defraudadores del Enlazados
La fiscal de Delitos Económicos e Informáticos Gabriela García Cobos ordenó un embargo de bienes y la prohibición de salida del país a la pareja que desvió más de 30 millones de pesos del programa Enlazados. Se trata de Valentina Cáceres (21), exempleada del Ministerio de Producción, y su entonces pareja y también exagente estatal, Germán Valdeolmillos (20). Así lo publicó este jueves diario Memo.
La orden a la fiscal incluye además que Cáceres y Valdeolmillos deberán solicitar permiso incluso para salir de Mendoza y que deberán presentarse todos los meses ante la Fiscalía para conservar la libertad durante el proceso.
El caso, dado a conocer por el Post en mayo del año pasado, incluyó también la "colaboración" de decenas de personas cercanas a la pareja, a cuyas cuentas bancarias les desviaban fondos públicos que luego eran reintegrados a Cáceres y Valdeolmillos, ambos imputados por "defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública". Según pudo reconstruir este diario el año pasado, los presuntos cómplices habrían sido engañados por los acusados y actuado de "buena fe".
Cómo dos "casi adolescentes" se robaron $27 millones del Ministerio de Producción
Para comprender cómo se desviaron $27 millones, primero hay que entender cómo funciona el programa Enlazados. Básicamente, a través de este programa, el Gobierno colabora con las empresas que cumplen con ciertos requisitos pagando parte del sueldo de empleados nuevos durante 4 meses. Esa ayuda, que equivale al salario mínimo vital y móvil, va directamente al CBU del trabajador. Por lo tanto, el fraude requería la complicidad de personas reales que recibirían el dinero.
La alarma se encendió porque en el cierre del mes de abril de 2024 llamó la atención una empresa que había sumado 31 nuevos empleados, algo atípico en medio de la crisis económica de aquel momento. Al indagar un poco más, descubrieron que era una compañía fantasma: no existía. Automáticamente, verificaron en el sistema que un empleado de Enlazados había cargado los datos al sistema y allí "saltó" el nombre de la responsable.
El siguiente paso fue chequear el "historial" de la joven en el servidor y, a partir de allí, pudieron reconstruir cómo se había aprovechado de una "ventana" del sistema durante los cuatro meses anteriores (diciembre, enero, febrero y marzo) para desviar cerca de $27 millones.
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Cáceres ingresaba al sistema e incluía 31 CBU en distintas empresas, de manera aleatoria. Un día después, luego de que se depositaba el dinero en cada cuenta, volvía a ingresar al sistema y borraba los datos. Esta irregularidad no fue detectada durante cuatro meses, y recién se activó la alarma cuando la joven fue más allá e intentó agrupar a los 31 cómplices en una sola empresa que, además, no existía.
Por ejemplo: si el control era el 28 y los pagos se hacían el 29, la mujer se metía al sistema el 28 a la noche, incluía los nombres de sus cómplices en empresas, de forma aleatoria, y los borraba el 29 después de que les habían depositado el dinero. Entonces, durante cuatro meses logró que 31 personas cobraran un salario mínimo vital y móvil sin trabajar.
Esto se descubrió de casualidad, ya que si la joven no registraba una empresa falsa, ninguna alarma se habría encendido y quizás el fraude previo nunca salía a la luz.
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Teniendo en cuenta el monto del SMVM hasta abril de 2024, la cantidad de meses y el número de personas que recibieron el dinero, el fraude ascendería a unos $27.000.000.
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