El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina

La iniciativa se publicó este martes en el Boletín Oficial. El Estado, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), conservaría el 51 % de la participación accionaria.

El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina

Editó: Martín Arrojo

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 695/2025 que autoriza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal a cargo de la generación de energía nuclear. 

La medida contempla la venta del 44 % de sus acciones mediante licitación pública nacional e internacional, junto con la implementación de un Programa de Propiedad Participada (PPP) del 5 % destinado a los trabajadores. El Estado, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), conservará el 51 % de la participación accionaria.

El decreto, publicado este martes en el Boletín Oficial, instruye al Ministerio de Economía y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a llevar adelante el proceso, siguiendo los lineamientos de la Ley 23.696. Además, se ordena la transferencia del 1 % de las acciones que posee ENARSA al Estado nacional y el traspaso del 0,01 % que NASA tiene en ENARSA, reorganizando así el paquete accionario antes del llamado a licitación.

Según los fundamentos oficiales, la decisión buscaría atraer inversión privada para financiar proyectos clave como la extensión de vida útil de la central Atucha I, prevista para 2027, y el segundo módulo de almacenamiento en seco para Atucha II. 

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En 2024, NASA registró un récord de generación eléctrica nuclear con más de 10,4 millones de MWh y un factor de carga del 73,3 %. Aunque el decreto reconoce la capacidad técnica y operativa de la empresa, plantea que la continuidad y el crecimiento del sector "requieren la incorporación de capital privado", en un esquema mixto que mantenga la mayoría pública.

La Secretaría de Trabajo deberá evaluar la viabilidad del Programa de Propiedad Participada, mientras que se enviará un informe técnico al Congreso, conforme exige la Ley de Bases (27.742). En paralelo, desde sectores de la oposición ya se anticipan resistencias al proceso, en particular por el carácter estratégico de la energía nuclear en el país.