A través de una carta abierta, la institución señaló que la medida "no baja el delito".
La Iglesia criticó el proyecto de baja de imputabilidad
La Iglesia Católica volvió a marcar una fuerte distancia con el proyecto oficial para modificar el Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad, en la antesala de su tratamiento en el Congreso. A través de un comunicado conjunto firmado por Cáritas Nacional y las Comisiones Episcopales de Pastoral Carcelaria y Social, la institución advirtió que la iniciativa "no baja el delito" y representa un "retroceso en materia de derechos humanos".
"Más educación, más oportunidades, más esperanza", sintetiza el documento, que fue presentado como una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales. Allí, la Iglesia sostiene que la reducción de la edad de imputabilidad es una medida "regresiva e inconstitucional" y alerta sobre sus consecuencias prácticas: la habilitación de la intervención penal y la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes que aún no alcanzaron la edad legal, sin garantías procesales acordes y bajo criterios que califican como arbitrarios.
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Según el texto, el proyecto impulsado por el Gobierno introduce "un alto grado de discrecionalidad" al combinar evaluaciones de salud mental con pronósticos criminológicos "sin sustento científico". Además, cuestiona que la reforma no asegure una disminución de la criminalidad juvenil, ya que se limita a aplicar reglas del derecho penal adulto, habilita el alojamiento de adolescentes en cárceles o dependencias de fuerzas de seguridad y no garantiza una defensa técnica especializada.
Uno de los puntos más duros del pronunciamiento apunta a la desproporción de las penas previstas. La Iglesia denuncia que la iniciativa no distingue adecuadamente entre delitos leves y graves ni entre adolescentes de distintas edades, lo que vulnera los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y progresividad. En ese sentido, subraya que la propuesta no se condice con los datos disponibles: la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales representa apenas el 0,42 %, y cerca del 80 % de los delitos atribuidos a ese grupo son contra la propiedad. Los hechos graves, como los homicidios, son excepcionales.
Desde una perspectiva ética y social, el documento cuestiona el mensaje que la reforma instala en la sociedad. "En un mundo atravesado por la cultura del descarte, sostenemos que los adolescentes y jóvenes no son una amenaza, sino presente y esperanza", afirma.
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