La ley propone actualizar por inflación los gastos de funcionamiento de las universidades y convocar a paritarias para docentes y no docente.
Diputados aprobó la ampliación de los fondos para universidades
En una sesión especial en la Cámara de Diputados, este miércoles los legisladores otorgaron media sanción a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, en una decisión que incomoda a la Casa Rosada. Se trata de una ley similar a la que vetó el presidente Javier Milei el año pasado.
La oposición obtuvo 158 votos a favor, 75 en contra, y 5 abstenciones. El grueso de los votos afirmativos lo aportaron Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR. Los negativos fueron del PRO y La Libertad Avanza.
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Esta sesión especial también trata la declaración de emergencia pediátrica por la crisis en el hospital Garrahan y las iniciativas patrocinadas por los gobernadores para coparticipar el impuestos los combustibles líquidos y para repartir de forma automática los Aportes del Tesoro Nacional.
Sesión en vivo de la Cámara de Diputados
¿Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario?
Según el proyecto, el Poder Ejecutivo Nacional deberá actualizar los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley. Esta actualización no podrá ser inferior al índice de inflación correspondiente al mismo período. El aumento deberá ser remunerativo y bonificable, y se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
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A lo largo del presente año, las sumas no remunerativas y no bonificables deberán ser incorporadas de manera íntegra a los sueldos básicos establecidos por la convención colectiva del sector.
Además, un mes después de la sanción de la ley, el Ejecutivo tendrá la obligación de convocar a negociaciones paritarias para el personal docente y no docente. Estas mesas deberán realizarse con una periodicidad no mayor a tres meses, y garantizar en todos los tramos una actualización mensual de los salarios que no sea inferior a la inflación.
En cuanto al financiamiento institucional, se establece que los gastos de funcionamiento de las universidades deberán ser actualizados al 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024. A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2025, esos montos se ajustarán de forma bimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los aumentos otorgados durante 2025 se tomarán a cuenta de este cálculo.
Respecto a las políticas de acompañamiento estudiantil, el proyecto contempla la recomposición de todos los programas de becas (como Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano, Enfermería, entre otros) conforme a la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la norma. Asimismo, prevé un incremento progresivo en la cantidad de beneficiarios, en función de la matrícula de las instituciones públicas de nivel secundario y superior.
Finalmente, se destinará una partida especial durante este año para regularizar los ingresos a la carrera de Investigador Científico y para la adjudicación de becas, tanto para ingresantes como para posdoctorados.
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