Diputados de la Coalición Cívica presentaron una denuncia formal contra el titular de la Oficina Anticorrupción por abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de deberes, tras el cierre sin investigación de una causa que involucra al presidente Milei.
Diputados denunciaron blindaje a Milei en el caso $LIBRA
Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica) presentaron este martes una denuncia penal federal contra las autoridades de la Oficina Anticorrupción (OA), en especial contra su titular, Alejandro Melik, a quien acusan de haber cerrado sin investigar a fondo el caso de la criptomoneda $LIBRA, luego de la polémica promoción realizada por el presidente Javier Milei desde su cuenta personal en la red social X.
El hecho ocurrió el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente publicó un mensaje celebrando el lanzamiento de un proyecto privado vinculado al token criptoactivo $LIBRA, incluyendo enlaces al sitio oficial del emprendimiento y al contrato del activo en la red Solana. La publicación provocó una rápida suba en el valor del token, seguida de una caída brusca tras la venta masiva por parte de los primeros tenedores. Días después, Milei eliminó el posteo y negó estar vinculado al proyecto.
%u26A0%uFE0F $LIBRA | DENUNCIAMOS AL TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
— maxi ferraro %uD83C%uDF97%uFE0F (@maxiferraro) July 1, 2025
La OA se convirtió en una herramienta de blindaje político. Hoy, junto a @monicafradeok, presentamos una denuncia penal contra su titular, Alejandro Melik, por posible abuso de autoridad, encubrimiento e... pic.twitter.com/4fo92mOb8B
En ese contexto, a mediados de junio pasado se había formado una comisión investigadora Libra, sin embargo no llegaron a buen puerto, ya que no pudieron constituir sus autoridades ni definir un régimen de funcionamiento. En ese entonces, los diputados Ferraro y Frade se levantaron y dejaron sus sillas vacías, por estar disconformes con lo sucedido.
Es por eso, que este martes presentaron formalmente una denuncia. La cual sostiene que existen evidencias técnicas y formales que contradicen la versión oficial. Según la denuncia presentada, consta en el Registro de Audiencias Públicas que Milei se reunió en dos ocasiones con los responsables del proyecto: Julian Peh, Mauricio Novelli y Hayden Davis, acompañado en una de ellas por el vocero presidencial Manuel Adorni. Además, el contenido del tuit del presidente aparece copiado textualmente en la metadata del token en la blockchain, lo que indicaría una acción previamente coordinada y no un simple acto espontáneo.
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Pese a estas señales, la Oficina Anticorrupción concluyó en su Resolución 9/2025 que no existió ninguna infracción ética por parte del presidente. Según la denuncia, esa resolución se limitó a replicar sin análisis crítico los argumentos del Ejecutivo y fue redactada "a medida para exculpar al mandatario". Los diputados aseguran que la OA omitió investigar, no convocó a expertos independientes ni pidió informes a organismos clave como la Comisión Nacional de Valores, a pesar de que la promoción de activos financieros está regulada.
Entre las pruebas técnicas presentadas, también se destaca que cuentas digitales asociadas al presidente Milei aparecen referenciadas en los datos públicos del token, lo que refuerza la hipótesis de una participación activa en el lanzamiento del criptoactivo. No obstante, la OA sostuvo que el uso de redes sociales personales no implica necesariamente el ejercicio de funciones públicas, una interpretación que, según los denunciantes, ignora el peso institucional de la figura presidencial.
La presentación solicita que se investiguen los posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, y que se determine si existió interferencia política en la elaboración de la resolución. También piden que se cite a declarar a Melik y a funcionarios del Ejecutivo como Karina Milei, Guillermo Francos, Santiago Caputo y Adorni.
Finalmente, los legisladores advierten que el caso refleja una grave pérdida de independencia institucional por parte de la OA, que -según normas vigentes- debe actuar con autonomía del Poder Ejecutivo. A esto se suma la disolución, sin informe público alguno, de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada por el propio Gobierno para analizar el caso $LIBRA, lo que refuerza las sospechas de intento de encubrimiento y blindaje político.
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