Difonso cuestionó la plata para Mendoza: ¿de USD10 mil millones a timba?

Jorge Difonso, candidato a diputado nacional por el Frente Defendamos Mendoza, se refirió a la indemnización histórica de Mendoza por perjuicios industriales que se diluyó de un reclamo millonario a fondos invertidos en Nueva York, generando críticas por su desvío de obras locales.

Mendoza ha librado durante décadas una batalla legal contra el Estado nacional por los impactos negativos de las políticas de promoción industrial de provincias vecinas. A lo largo de los años, sucesivos gobiernos provinciales impulsaron el litigio, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha por la equidad federal en Argentina. 

El proceso judicial no solo expuso tensiones interprovinciales, sino que también reflejó las complejidades de la distribución de recursos hídricos y económicos en el país. 

La provincia de Mendoza inició su demanda en 1998 contra el Estado nacional, alegando perjuicios por las leyes de promoción industrial que beneficiaron a competidores regionales. 

Este reclamo, estimado inicialmente en más de 10.000 millones de dólares, buscaba indemnizar el impacto en la zona sur, donde la agroexportación sufrió por la desventaja competitiva. 

Difonso contó que en 2006 se alcanzó un acuerdo transaccional que redujo la cifra a 1.023 millones de dólares, condicionado a la construcción de la represa Portezuelo del Viento.

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La obra, ubicada en el departamento de Malargüe, prometía generación hidroeléctrica y riego para miles de hectáreas, pero su viabilidad técnica y ambiental generó debates inmediatos. 

El arreglo, aunque visto como un avance, fue calificado por críticos como un "mal negocio" para Mendoza, ya que sacrificó una suma mayor por un proyecto específico. 

El acuerdo incluyó desembolsos progresivos de la Nación, con la primera cuota en 2019 bajo Mauricio Macri, asegurando fondos para licitación. Sin embargo, el laudo arbitral de Alberto Fernández en 2021 cuestionó aspectos ambientales, paralizando el avance. Esta etapa inicial destacó la intersección entre justicia, política y desarrollo sostenible en la provincia.

A medida que avanzaba el proyecto, surgieron obstáculos que lo hicieron inviable, llevando a modificaciones en el uso de los fondos. El gobierno provincial promovió caravanas y campañas preelectorales para generar apoyo, pero estudios ambientales y oposiciones de La Pampa bloquearon su ejecución. 

En 2024, se firmó una adenda que amplió el destino de los 1.023 millones a otras obras hídricas y de infraestructura, como el dique Baqueano o alternativas hidroeléctricas. Estas opciones, sin embargo, también enfrentaron resistencias por su impacto en ecosistemas locales y cuencas compartidas.

La transición generó frustración en comunidades que esperaban empleo directo de la represa original, con promesas de hasta 130.000 usuarios beneficiados por energía limpia. 

Esta fase reveló las tensiones entre expectativas locales y realidades federales, donde la Nación impuso condiciones para desbloquear recursos. 

Con el proyecto hidroeléctrico en pausa, parte de los fondos se destinó a instrumentos financieros, incluyendo colocaciones en la bolsa de Nueva York, lo que generó comisiones e intereses para el gobierno de Alfredo Cornejo. Esta decisión, justificada como preservación del valor en dólares, fue vista como un desvío del ahorro colectivo mendocino hacia especulación bursátil. 

Difonso cuestionó que en lugar de invertir en infraestructura local, los recursos generaron rendimientos remotos, beneficiando intermediarios en Wall Street. 

La medida incluyó plazos fijos y bonos, pero críticos la tildaron de "timba" por priorizar ganancias financieras sobre necesidades urgentes como riego o caminos.