Abogados de la agrupación RESET presentaron la denuncia contra el ministro y funcionarios de la Oficina Anticorrupción por presuntas irregularidades en la adjudicación de $114 millones para capacitación en inglés.
Denuncian penalmente a Sturzenegger por contrato millonario a su esposa
Abogados de la agrupación RESET presentaron una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y funcionarios de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública por presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública.
La acusación se relaciona con la contratación directa de $114.044.133 adjudicada a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger.
El eje de la denuncia es la Disposición 21/2026 de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, que autorizó el contrato para brindar capacitación en inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027.
Según la presentación, aunque se detectó el vínculo entre Rouillet y el ministro y se aplicaron procedimientos previstos por el Decreto 202/2017, no existiría constancia pública en la web de la Oficina Anticorrupción sobre la publicación obligatoria del caso.
Los denunciantes sostienen que esta omisión impidió "el conocimiento público de posibles riesgos de interés" y atribuyen responsabilidades al titular de la OA, Alejandro Melik, y al director de Ética Pública, Leopoldo Giupponi, mientras cuestionan la actuación de la subsecretaria María Cristina Dellepiane por aprobar la contratación a pesar del vínculo con un ministro. La denuncia se basa en los artículos 248 y 265 del Código Penal, relativos a incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública.
Además, se solicita verificar si Rouillet actualizó su declaración jurada de intereses tras la designación de Sturzenegger como ministro, y se pidieron copias de las actuaciones administrativas y una pericia técnica para confirmar si las publicaciones obligatorias se incorporaron en la web de la OA. Los abogados advirtieron que la omisión denunciada podría afectar "la institucionalidad misma de la Nación", al representar un posible uso indebido de recursos públicos en beneficio personal.
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