El Gobierno Nacional creó el Consejo Federal de Delitos Económicos

El Ministerio de Seguridad Nacional formalizó la creación del Consejo Federal de Delitos Económicos, un organismo destinado a coordinar acciones entre las distintas jurisdicciones del país para la prevención y la investigación de este tipo de criminalidad. La medida fue oficializada mediante la resolución 230/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La iniciativa, impulsada por la cartera que encabeza Alejandra Monteoliva, busca organizar el trabajo conjunto entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos económicos.

El nuevo consejo funcionará dentro de la Subsecretaría de Investigación Criminal y contará con representantes de cada jurisdicción provincial y de la Ciudad de Buenos Aires que decidan adherir al esquema. También participarán delegados de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos y de las fuerzas policiales y de seguridad federales que dependen del ministerio.

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Entre sus principales tareas se encuentra asistir en la detección y prevención de delitos vinculados a la criminalidad económica, además de centralizar y analizar información proveniente de distintas fuentes. El organismo también tendrá a su cargo la elaboración de indicadores y reportes periódicos para evaluar la evolución de este tipo de delitos en el país.

La resolución establece además que el consejo deberá elaborar un mapa situacional que refleje el estado de la criminalidad económica a nivel nacional, regional y provincial. Ese diagnóstico servirá como base para proponer medidas preventivas y desarrollar mecanismos de alerta temprana mediante el intercambio de información entre las jurisdicciones.

Las reuniones deberán realizarse al menos una vez al año, aunque el organismo mantendrá comunicación permanente con las jurisdicciones que integren el sistema para actualizar la información sobre la situación de los delitos económicos en el país y evaluar medidas para su abordaje.

Entre los delitos que s investigan están el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito de funcionarios, el soborno transnacional y la evasión fiscal, entre otros. 

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