El primero en apartarse fue Fernando Burlando, semanas atrás. El caso pasó a manos de otros abogados que también renunciaron porque el exintendente y su esposa no pagaron ni los gastos administrativos. Los detalles.
Orozco, con defensor público: no le pagó ni las fotocopias a los abogados
Daniel Orozco y Janina Ortiz están en manos ahora de un defensor público ya que no le pagaron los honorarios a sus abogados, ni siquiera las fotocopias.
El exintendente y su esposa están acusados por corrupción en la mega causa de las cooperativas de Las Heras, la cual ya está requerida a juicio. Sobre este expediente, en primera instancia fue el mediático abogado Fernando Burlando quién presentó a la Justicia su renuncia a la representación de Orozco. Cuando asumió la defensa, a fines de 2024, trascendió que sus honorarios rondaban los 1.500 dólares la hora, según aseguró el programa "Socios del Espectáculo" que se emite por el Trece.
El caso pasó a manos de los abogados Samir Mussi Saffie y Juan Rifo Vecchiato quiénes tampoco pudieron cobrar sus servicios de patrocinio y por lo tanto también renunciaron. En la presentación que hicieron en la Justicia, detallaron que Orozco y su esposa, Janina Ortiz, no pagaron ni las gabelas de Justicia.
"Atento a la imposibilidad de nuestro asistido, Sr. Mario Daniel Orozco de hacer frente al pago de las boletas de aportes de la Caja Forense, como así también a los gastos causídicos que implican el ejercicio de una defensa técnica tales como impresiones o fotocopias de las actuaciones, como así también los honorarios profesionales que podrían generar el ejercicio de estos profesionales es que venimos a renunciar al cargo de defensores técnicos del sindicado", dice la presentación que hicieron los letrados.
El caso
El caso de las cooperativas fue un fraude organizado, según la acusación, encabezada por el entonces intendente Daniel Orozco, su esposa y exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz, y el subsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, quienes actuaron como coautores materiales del delito, entre otros que tuvieron un rol clave, como el yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi, y el exdirigente del PRO, Matías Mostaccio.
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La entidad utilizada fue la cooperativa de trabajo "Manos a la Obra", supuestamente dedicada al reciclaje. Según la investigación, fue reactivada por orden del intendente Orozco para participar en procesos administrativos de contratación que habrían sido manipulados desde el propio municipio. La cooperativa recibió fondos a cambio de servicios de limpieza que nunca se prestaron. De hecho, la mayoría de los trabajadores incluidos en las planillas ni siquiera integraban la cooperativa, y muchas firmas fueron falsificadas.
Los fondos salieron del patrimonio público a través de cuatro expedientes municipales, dos licitaciones y dos contrataciones directas. Los pagos se hacían en base a planillas apócrifas, facturas emitidas electrónicamente con claves fiscales gestionadas desde el municipio, y órdenes de compra firmadas por funcionarios que omitieron los controles legales obligatorios.
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El caso tomó estado público a partir de una investigación periodística del Post , que daba cuenta de irregularidades en el manejo de cooperativas, entre las que estaba incluida Manos a la Obra.
La causa acumula pruebas documentales, testimonios, informes contables, resoluciones del INAES -que retiró la autorización a la cooperativa por su falta de actividad- y evidencia digital que, según el fiscal, acreditarían la maniobra. Entre los involucrados hay contadores, abogados, directores de compras, de tesorería y de asuntos legales, todos imputados por su rol en permitir el desvío de fondos sin los controles debidos.
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