El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita concentrarán la investigación sobre préstamos otorgados a funcionarios. El Gobierno defiende la legalidad de las operaciones mientras avanzan cuestionamientos en el Congreso.
Créditos del Banco Nación: la Justicia unifica las denuncias y crece la tensión política
La causa por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes políticos quedó centralizada en el juzgado federal de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, tras el sorteo de denuncias realizado en Comodoro Py. La definición se apoyó en el criterio de conexidad, ya que la primera presentación ingresada fue la que determinó la competencia del magistrado.
El dato agrega un elemento político relevante: el mismo juzgado y fiscalía llevan adelante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que ubica ambas causas sensibles para el Gobierno bajo una misma órbita judicial, según publicó La Nación.
Las otras denuncias que se presentaron en paralelo habían sido asignadas a los despachos de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, pero serán giradas al juzgado de Lijo para su acumulación. Una de ellas fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta contra el extitular del Banco Nación Daniel Tillard y el funcionario del Banco Central Juan Ernesto Curuchet.
Los que recibían Préstamos del Centenario subsidiados del BNA o préstamos para comprar aviones privados subfacturados al tipo de cambio oficial se quejan de préstamos hipotecarios (no existentes en su época) a mercado y en perfecto estado de cobrabilidad.
— Pablo Quirno (@pabloquirno) April 5, 2026
María Elena Walsh y...
Otra de las presentaciones fue realizada por la diputada Mónica Frade y el legislador Esteban Paulón, quienes ampliaron el alcance de la denuncia al incluir a funcionarios y directivos que accedieron a los créditos. Entre ellos figuran el director de YPF Emiliano Mongilardi, el secretario de Finanzas Federico Furiase, el director del Banco Central Pedro Inchauspe y autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior, además de legisladores nacionales.
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En paralelo, la denuncia que quedó directamente en manos de Lijo, presentada por particulares, no identifica acusados específicos pero plantea la posible existencia de irregularidades en la asignación de préstamos. En todos los expedientes se mencionan figuras penales como defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El caso tomó impulso tras la difusión de datos sobre créditos otorgados a funcionarios del gobierno de Javier Milei, con montos que en algunos casos superan los cientos de millones de pesos. La información derivó en pedidos de informes en el Congreso y en cuestionamientos sobre si las condiciones de acceso a esos préstamos fueron acordes a los ingresos declarados por los beneficiarios.
Entre los casos que trascendieron se encuentra el de Felipe Núñez, con un crédito inicial de $373 millones en 2025; el del secretario de Finanzas Federico Furiase, con compromisos superiores a los $367 millones; y el del director del Banco Central Pedro Inchauspe, con más de $510 millones. También aparecen otros funcionarios como Juan Pablo Carreira, Sharif Menem y Guillermo Madero, cuyos préstamos fueron incluidos en la lista difundida públicamente.
Desde el Gobierno rechazaron las acusaciones y sostienen que no existió ningún trato preferencial. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los funcionarios accedieron a los créditos en igualdad de condiciones que cualquier cliente del banco. En la misma línea, el canciller Pablo Quirno afirmó que las líneas crediticias están abiertas a quienes cumplan con los requisitos y negó que se trate de fondos provenientes de los contribuyentes.
Según la versión oficial, todos los préstamos cuentan con respaldo mediante garantías, como hipotecas o codeudores, y se otorgaron bajo condiciones de mercado. Además, sostienen que el directorio del Banco Nación no interviene en la aprobación de créditos de menor escala, un punto que también forma parte de la discusión planteada por la oposición.
El impacto político del caso ya generó movimientos dentro del Gobierno. El funcionario Leandro Massaccesi fue desplazado de su cargo tras quedar involucrado en la polémica, aunque luego se señaló que su salida obedeció a otros motivos. Mientras tanto, equipos técnicos del Banco Nación avanzan en la recopilación de información para presentarla ante la Justicia, en el marco de una causa que quedó bajo un mismo juzgado y que ahora también se entrecruza con otra investigación clave del escenario político actual.
