La Corte Suprema dio un paso para reformar los concursos de jueces. Propone más objetividad, menos discrecionalidad y entrevistas públicas transmitidas en vivo.
La Corte Suprema quiere cambiar cómo se eligen los jueces en Argentina
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un nuevo reglamento para los concursos de jueces y se lo envió al Consejo de la Magistratura para que lo analice. La decisión fue firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El tercer integrante del tribunal, Horacio Rosatti, quien además preside el Consejo de la Magistratura, no firmó la acordada.
En el documento, la Corte se presentó como la "cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina" y sostuvo que le corresponde impulsar reformas cuando el sistema no funciona bien. El diagnóstico que hace el tribunal es que la etapa de evaluación de antecedentes premia "el mero tránsito burocrático por sobre el rendimiento académico de excelencia y el mérito real".
Uno de los cambios más importantes apunta a las entrevistas personales, la instancia más cuestionada del sistema actual. Hoy esa etapa permite sumar una cantidad significativa de puntos que en muchos casos alteró los resultados finales. Con el nuevo reglamento, esa ponderación se reduciría a solo 20 puntos, las entrevistas serían públicas y transmitidas en vivo, y los seis mejores posicionados en el orden de mérito previo serían los únicos convocados.
Cómo funcionaría el nuevo sistema
El proyecto propone dos tipos de concursos: los anticipados, que serían la regla, y los especiales, para casos de excepción. Los primeros podrían cubrir hasta ocho cargos por llamado y deberán estar incluidos en un plan anual aprobado por el Plenario. Los especiales, en cambio, podrían ser para un solo cargo o para un máximo de nueve.
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El examen escrito también cambiaría: tendría dos partes. Una primera etapa general con 120 preguntas sorteadas de un banco de 2.000, con corrección automatizada y garantía de anonimato. Y una segunda etapa específica que incluiría un ejercicio de razonamiento sobre un caso cerrado y la resolución de un caso práctico con sentencia. Todo el proceso de inscripción y presentación de antecedentes se digitalizaría.
La movida llega en un momento particular: el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está impulsando a paso acelerado la cobertura de más de 200 vacantes en la justicia federal, enviando las primeras tandas de pliegos al Senado. En ese marco, el foco también está puesto en una serie de concursos que todavía no tienen definición en el Consejo de la Magistratura, entre ellos los que buscan cubrir cuatro vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal más importante por debajo de la propia Corte Suprema.
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Entre los candidatos a esos puestos figuran dos jueces de Comodoro Py cuyos fallos han sido cuestionados públicamente: María Gabriela López Iñíguez y José Michilini. Ambos integraron el tribunal que pretendió absolver a Cristina Kirchner en el caso por el Pacto con Irán, investigación que comenzó con la denuncia del fiscal Alberto Nisman. López Iñíguez también votó a favor de Lázaro Báez en el juicio de la Ruta del Dinero K y de Amado Boudou en el caso Ciccone, pidiendo penas menores a las que finalmente se impusieron, y se opuso a que ambos fueran encarcelados.
Ahora, la pelota queda en manos del Plenario del Consejo de la Magistratura. Si aprueba el nuevo reglamento, deberá decidir además si lo aplica también a los concursos que ya están en marcha o solo a los nuevos.
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