La escribana, el gestor y el "prestanombres": así lavaba plata la red condenada

La Cámara Federal de Casación Penal condenó a cuatro personas por integrar una organización que lavó dinero proveniente de estafas mediante la compra de propiedades y vehículos de alta gama en Mendoza. La decisión revocó la absolución que el Tribunal Oral Federal N° 2 había dictado en 2024 y ordenó dictar las penas correspondientes.

El fallo, emitido por la Sala IV e integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, alcanzó a Marcelo Fabián Rabel Cantos, su hijo Zamin Ezequiel Rabel Morales, David Sechter y la escribana Andrea Emilia Marún Calderón. La investigación fue impulsada por los fiscales federales Fernando Alcaraz y Federico Baquioni, junto al fiscal general Raúl Pleé.

De acuerdo con la causa, Rabel Cantos lideró entre 2012 y 2021 un esquema que utilizaba transacciones inmobiliarias y automotrices para ocultar el origen del dinero obtenido en maniobras de estafa. Las operaciones se realizaban en efectivo, mediante contratos simulados o donaciones, y los bienes se registraban a nombre de familiares o allegados. Los fiscales comprobaron que, en ese período, el grupo adquirió al menos tres inmuebles y quince vehículos de alta gama.

Las maniobras incluían la participación de la escribana Marún Calderón, quien se ocupaba de legitimar las escrituras y darle formalidad legal a los movimientos financieros del grupo. En el fallo se destaca que Andrea Emilia Marún Calderón no solo intervino en las operaciones de blanqueo, sino también en las estafas que dieron origen a los fondos. En varias oportunidades, según valoró el tribunal, fue ella quien garantizó la formalidad de las transacciones para que los bienes adquiridos con dinero espurio ingresaran al mercado como operaciones aparentemente legítimas.

Ver: Cuántas propiedades tiene y como se "movía" el acusado de estafar a sus amigos

Durante el proceso se probó que la profesional certificó, con pleno conocimiento, la firma de una persona fallecida en un trámite de transferencia de un vehículo. Esa acción, según el voto inicial del camarista Carbajo, fue clave para sostener la estructura delictiva que permitía ocultar la procedencia del dinero.

Zamin Ezequiel Rabel Morales, hijo del principal acusado, también fue condenado. La Justicia determinó que permitió que su padre inscribiera a su nombre distintos bienes con el fin de darles apariencia legal. Entre ellos figuraban una motocicleta BMW, una Mitsubishi Montero, una camioneta Dodge RAM, un Renault Fluence y un Audi Coupe TT, todos vehículos de alto valor económico que formaban parte del circuito de blanqueo.

David Sechter, en tanto, fue señalado como intermediario en la compra de un terreno en el barrio Náutico Nautilus, de El Sauce, Guaymallén. Según el tribunal, actuó como persona interpuesta para que Rabel Cantos no figurara como el verdadero propietario del lote.

Las maniobras salieron a la luz a partir de denuncias de personas estafadas. Uno de los casos más emblemáticos fue la venta de una playa de estacionamiento que el acusado ofreció como propia. Los compradores, al intentar escriturar, descubrieron que el terreno pertenecía a otra persona. Otro damnificado relató que había comprado un lote en calle 9 de Julio, detrás del cuartel de bomberos, mediante un poder de venta que resultó ser falso. Cuando intentó tomar posesión, una mujer se presentó como la legítima dueña y exhibió la documentación original.

La Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que el delito de lavado de activos quedó probado, incluso sin la existencia de una condena firme por las estafas que originaron los fondos. Para los jueces, la magnitud de las operaciones, la falta de respaldo económico y las pruebas presentadas por la fiscalía fueron suficientes para confirmar la existencia de un circuito de blanqueo sistemático.

El tribunal ordenó devolver la causa al Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza, que deberá fijar las penas para los cuatro condenados.