En una ajustada votación, el oficialismo logró la aprobación de este proyecto por 19 votos a favor y 17 en contra. Se reforma el Código Procesal Penal y los investigados ya no podrán trabar la investigación presentando recursos tras recursos. El caso de Janina Ortiz, un antecedente.
Se aprobó la "Ley Janina": la investigación Penal en Mendoza será más veloz
La Cámara de Senadores de Mendoza otorgó este martes la sanción definitiva a la reforma del Código Procesal Penal. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo busca dotar de mayor dinamismo, transparencia y precisión a los procedimientos judiciales en la provincia. Con 19 votos afirmativos y 17 negativos, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Entre los principales cambios, se incorporó el artículo 362 bis, que establece un nuevo procedimiento para dirimir discrepancias entre el fiscal y el juez de garantía. También se busca evitar dilaciones en la etapa investigativa, permitiendo que ciertos incidentes se resuelvan sin frenar la causa principal.
Es por esta razón que se conoce a la reforma como "Ley Janina", en referencia a Janina Ortiz, la esposa de Daniel Orozco que mantuvo frenada la etapa de instrucción en su contra presentados un sinfín de recursos de nulidad. Hasta entonces, hasta que no re resolviese cada uno de esos recursos, la causa se mantenía paralizada. Ahora, ante un recurso de este tipo, la investigación continuará y recién se revisaría -si corresponde- cuando se aprueba algunas de las presentaciones de los investigados.
Sin la reforma del código, Ortiz logró que transcurrieran 12 meses antes de que el fiscal pudiese notificarle las imputaciones por coacción y peculado.
Más detalles de la reforma
"Las modificaciones a los artículos 22, 201, 346 y 347 buscan darle mayor celeridad al proceso judicial, reforzando el control del juez de garantía sobre las pruebas rechazadas y limitando la apelación a casos específicos para reducir las dilaciones", agregó el senador Walther Marcolini.
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Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá una resolución más rápida de las causas, evitará la sobrecarga del sistema judicial y clarificará los roles entre el fiscal y el juez, otorgando mayor seguridad jurídica.
Por su parte, la oposición rechazó la iniciativa argumentando que la falta de debate y consulta con expertos afectó la calidad del proyecto. La senadora Adriana Cano, presidenta del bloque justicialista, criticó la reforma al considerar que "se aprobó un cambio con impacto directo en la administración de justicia sin escuchar las voces de especialistas, colegios profesionales ni instituciones académicas".
Según Cano, la modificación "no acelera los procesos judiciales, sino que los vuelve más complejos y limita derechos fundamentales como el de defensa, al restringir las posibilidades de apelación en situaciones clave".
Además, sostuvo que "este cambio otorga mayor poder al Ministerio Público y limita la participación de las partes en la etapa previa al debate, lo que podría generar mayores conflictos".
Con la aprobación definitiva en el Senado, la reforma del Código Procesal Penal queda ahora en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior implementación en el sistema judicial mendocino.
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