Caso de presuntas coimas en Discapacidad: cómo sigue la investigación

 El caso por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos elementos tras los allanamientos que ordenó el juez federal Sebastián Casanello. Los procedimientos derivaron de la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, en los que se describían maniobras presuntamente ilegales en la compra de medicamentos. 

En esa línea, se secuestraron teléfonos celulares, documentación y sobres con dinero que quedaron bajo análisis judicial. Las pruebas recolectadas podrían ser determinantes para establecer si existió un entramado de corrupción que favoreció a la droguería Suizo Argentina.

El fiscal Franco Picardi, a cargo del expediente, impulsó las medidas de urgencia que se llevaron a cabo en más de diez domicilios. Entre los principales sospechosos aparecen Spagnuolo, Daniel Garbellini -ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS- y Emmanuel Kovalivker, socio de Suizo Argentina. Este último fue sorprendido con sobres que contenían 266 mil dólares y 7 millones de pesos, además de documentación y su pasaporte. La causa, que aún no tiene carátula formal, busca comprobar si el Estado habría favorecido a la empresa a través de contratos millonarios.

Los teléfonos como eje de la investigación

La apertura de los celulares secuestrados se convirtió en el primer paso para determinar el rumbo de la investigación. De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Infobae, será clave recuperar los audios originales y otros posibles registros digitales que permitan verificar las denuncias que circulan. Mientras Garbellini entregó voluntariamente la clave de acceso a su dispositivo, ni Spagnuolo ni Kovalivker facilitaron esa información. La dificultad técnica de desbloquear los equipos de última generación podría demorar los peritajes.

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En paralelo, la documentación incautada en los domicilios particulares y en la sede de la ANDIS también está bajo revisión. El objetivo es detectar si existieron acuerdos entre funcionarios y representantes de la droguería para manipular licitaciones o condicionar a proveedores. 

La propia declaración de Spagnuolo, difundida en los audios, daba cuenta de supuestas presiones para aumentar sobornos en las operaciones de venta de medicamentos. Este testimonio, ahora bajo la lupa, será evaluado en conjunto con las pruebas que surjan de los peritajes técnicos.

Los protagonistas del caso

El empresario Emmanuel Kovalivker quedó en el centro de la escena tras ser hallado con grandes sumas de dinero en efectivo en su poder. Aunque su participación accionaria en la compañía Suizo Argentina es minoritaria, su rol operativo dentro de la firma es activo. Su familia mantiene el control mayoritario de la droguería y una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri, lo que incrementa el interés político alrededor del caso. Su hermano Jonathan, también accionista y presidente de la empresa, no fue localizado en su domicilio durante los allanamientos.

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Por el lado de la función pública, la situación judicial de Diego Spagnuolo aún no está definida. Podría ser considerado testigo, encubridor o eventualmente imputado, dependiendo de los resultados de las pericias. La causa deberá determinar si su relato en los audios formaba parte de una denuncia genuina o de un intento de deslindarse de posibles responsabilidades. Las próximas semanas serán decisivas para establecer la posición procesal de los involucrados.

Lo que viene en el proceso judicial

Por ahora, ninguno de los señalados fue citado a declaración indagatoria. La Fiscalía aguarda los resultados de los peritajes antes de formular cargos concretos. El análisis de los teléfonos, los documentos y el dinero secuestrado será determinante para avanzar en esa dirección. De confirmarse los indicios, el expediente podría derivar en acusaciones por cohecho, asociación ilícita y fraude contra la administración pública.

La investigación por presuntas coimas en la ANDIS apenas comienza y promete tener un fuerte impacto tanto en el ámbito judicial como en el político. Las autoridades remarcan que aún restan varias etapas de verificación, desde la autenticidad de los audios hasta el origen del dinero secuestrado. En un escenario donde confluyen intereses empresariales y vínculos de poder, el caso mantiene en vilo al Gobierno y a la Justicia. El desenlace dependerá de la solidez de las pruebas que se logren reunir en los próximos meses.