La detección de estas inconsistencias surgió en medio de una auditoría integral que el Gobierno ordenó sobre ANDIS tras un escándalo por audios en los que su ex titular, Diego Spagnuolo.
Casi 180 mil certificados de discapacidad estaban a nombre de fallecidos
El Poder Ejecutivo nacional informó que, tras cruzar datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), se identificó que alrededor de 178.000 beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como fallecidos, aunque continuaban inscritos y percibiendo beneficios. La información fue comunicada por fuentes oficiales vinculadas al proceso de revisión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La detección de estas inconsistencias surgió en medio de una auditoría integral que el Gobierno ordenó sobre ANDIS tras un escándalo por audios en los que su ex titular, Diego Spagnuolo, fue vinculado con posibles pedidos de coimas. La revisión incluyó la comparación de los registros de titularidad de los certificados con las bases de datos del RENAPER, lo que permitió hallar a miles de personas fallecidas que aún estaban en el padrón activo.
La auditoría surgió después del escándalo con ex titular, Diego Spagnuolo.
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Según los funcionarios consultados por Infobae, la intervención del organismo a cargo de Alejandro Vilches confirmó las irregularidades y ya se comenzaron a bajar esos certificados del sistema. En Casa Rosada evalúan, además, llevar adelante acciones judiciales tanto contra quienes recibieron beneficios a pesar de estar fallecidos como contra los prestadores que habrían cobrado por servicios que no se brindaron. "Es lisa y llanamente una estafa al Estado", dijo una fuente involucrada en el análisis de los datos.
El CUD es el documento oficial que acredita la discapacidad y da acceso a prestaciones estatales como atención médica, transporte gratuito o asignaciones familiares. Su emisión corresponde a una junta interdisciplinaria que evalúa cada caso. Con esta revisión, el Gobierno busca transparentar la gestión del certificado y cortar supuestas prácticas fraudulentas.
El hallazgo se conoció en un contexto de debate político sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, que estuvo en discusión en el Congreso y generó fuertes tensiones entre el Ejecutivo y la oposición. A pesar de los intentos por modificar o derogar la norma, finalmente no prosperaron y la cuestión sigue siendo objeto de negociación política de cara al presupuesto de 2026.
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