La reforma aprobada en horas de la madrugada de este jueves plantea un panorama distinto para las explotaciones mineras en la Argentina. Cuáles son los cambios que ingresan con esta nueva reforma.
Qué cambia con la aprobación de la nueva Ley de Glaciares
Después de una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó de manera definitiva la reforma de la Ley de Glaciares 26.639, uno de los cambios más relevantes en materia ambiental de los últimos años.
La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, redefine el esquema de protección de los glaciares y abre la puerta a nuevas actividades productivas en zonas cordilleranas.
El cambio central está en el alcance de la protección. Hasta ahora, la normativa vigente resguardaba no solo los glaciares visibles, sino también todo el ambiente periglaciar, es decir, aquellas zonas con presencia de hielo o suelos congelados que cumplen un rol clave como reserva de agua.
Con la reforma, ese criterio se vuelve más restrictivo: solo quedarán protegidas las áreas que puedan demostrar una "función hídrica relevante".
En términos concretos, esto implica que muchas zonas que antes estaban automáticamente protegidas podrían dejar de estarlo. La lógica de la ley también se modifica: ya no se protege todo por defecto, sino que será necesario probar el valor hídrico de cada área para mantener su resguardo.
Este punto es clave porque impacta directamente en la actividad minera. La legislación anterior prohibía de manera expresa cualquier tipo de explotación en ambientes glaciares y periglaciares. Ahora, en cambio, se habilita la posibilidad de avanzar con proyectos en aquellos sectores donde no se compruebe esa función estratégica del agua.
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Otro cambio importante es el rol de las provincias. La nueva ley les otorga mayor protagonismo para definir qué zonas deben protegerse y cuáles pueden destinarse a actividades productivas.
Esto reduce el peso del criterio técnico centralizado que hasta ahora llevaba adelante el IANIGLA, encargado del inventario de glaciares a nivel nacional.
Para provincias cordilleranas como Mendoza, donde el agua de deshielo es un recurso estratégico, el cambio no pasa desapercibido. La reforma reabre un debate histórico: cómo equilibrar el desarrollo económico -especialmente la minería- con la protección de las fuentes hídricas en un contexto de escasez.
El nuevo marco ya genera posiciones encontradas. Desde el sector minero aseguran que permitirá atraer inversiones y desarrollar proyectos con controles ambientales más modernos.
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En cambio, organizaciones ambientalistas y parte de la comunidad científica advierten que se debilita la protección de reservas clave de agua dulce.
Con la sanción definitiva, el foco ahora estará en la implementación de la norma y en cómo cada provincia aplica estos cambios. En ese proceso, se jugará buena parte del impacto real que tendrá esta reforma sobre el territorio y los recursos naturales.
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