El Ejecutivo otorgó sumas desde $40 mil hasta $340 mil para personal federal, en medio de reclamos por salarios y condiciones laborales que siguen por debajo de la línea de pobreza.
El Gobierno dio un bono a las fuerzas de seguridad a pocas horas de una marcha
Este miércoles por la tarde, y en medio de un clima tenso, el Gobierno nacional decidió mover una pieza clave para descomprimir el malestar en las fuerzas de seguridad.
A través del decreto 216/2026, oficializó el pago de un bono extraordinario que va de los $40 mil a los $340 mil, según el rango, con el objetivo de frenar una protesta inédita convocada para este 2 de abril.
La medida alcanza al personal de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, que habían convocado a un "abrazo simbólico" en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería. La protesta, gestada en redes sociales, buscaba visibilizar una problemática que atraviesa a miles de uniformados: salarios que no alcanzan y una obra social en crisis.
El bono consta de una suma fija de $40 mil para todo el personal, incluidos alumnos en formación, y un adicional que varía según la jerarquía. En los escalafones más bajos -agentes, cabos y rangos equivalentes-, el refuerzo puede alcanzar los $300 mil extra por única vez. En cambio, las categorías superiores solo percibirán el monto mínimo.
Detrás de esta diferenciación aparece una lógica oficial: recomponer los ingresos más rezagados, que hoy se ubican entre los $700 mil y $900 mil mensuales. Un nivel que, según denuncian los propios efectivos, se encuentra por debajo de la línea de pobreza, estimada en torno a $1,4 millones para una familia tipo.
"Por un salario digno" fue la consigna que comenzó a circular en grupos de WhatsApp, donde los uniformados comparten su malestar ante este panorama. Muchos de ellos, aseguran, se ven obligados a realizar trabajos informales -como reparto a través de aplicaciones- para complementar ingresos.
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A ese escenario se suma el deterioro en la cobertura médica. La reestructuración de la obra social, que derivó en la creación de nuevos organismos, no logró revertir los problemas de atención y prestaciones, otro de los ejes del reclamo.
Desde el Gobierno, el argumento es claro: se trata de una medida para "impactar positivamente en la capacidad adquisitiva" del personal y reconocer su función. Sin embargo, algunos medios porteños señalan que puertas adentro del Gobierno admiten que el contexto es delicado. La protesta convocada -la primera en la que confluyen todas las fuerzas federales- encendió alertas por su potencial impacto institucional.
El antecedente de conflictos similares, como el acuartelamiento policial en Córdoba en 2013, todavía resuena en algunos despachos oficiales. En ese entonces, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ocupaba un rol clave en esa provincia.
Por ahora, el bono aparece como una respuesta de corto plazo. Un intento de descomprimir una tensión creciente en uno de los sectores más sensibles del Estado.
Pero entre los propios efectivos, la duda persiste: si el alivio alcanza o si, como ocurre tantas veces, será apenas un parche frente a un reclamo más profundo. En medio de varios frentes de conflicto entre la economía y la corrupción, el gobierno intenta aliviar otra discusión pendiente: la de quienes, en uniforme, pelean por condiciones de vida dignas.
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