Siete agentes de Infraestructura y Mantenimiento pidieron ser incluidos en el adicional estímulo de 2021. El Gobierno aceptó el recurso por fallas de notificación, pero negó el pago por no encuadrar en el decreto del beneficio.
Bono Covid en Salud: un reclamo llegó al Ejecutivo y terminó rechazado
Un grupo de agentes que cumple funciones en la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza reclamó el pago del adicional estímulo creado durante la pandemia, pero el Ejecutivo provincial decidió rechazar el pedido. La decisión quedó plasmada en el Decreto 2457, fechado el 11 de noviembre de 2025, dentro del expediente EX-2025-02949213-CCC.
El planteo fue presentado como Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 1633/23 (dictada por el entonces Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes). Los recurrentes solicitaron ser incorporados al esquema del beneficio regulado por el Decreto Nº 1057/21 y la Resolución Nº 2298/21, que establecieron un bono extraordinario en plena emergencia sanitaria.
Según el decreto, el incentivo de 2021 consistió en un pago de $ 28.000, liquidado en cuatro cuotas durante agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. El punto central de la discusión fue si el personal de mantenimiento que trabajó de manera presencial en efectores de salud podía ser considerado alcanzado por ese reconocimiento.
Ver: El 2026, con sello vendimial: la ley que obliga a sumar una leyenda en la papelería oficial
En su presentación, los trabajadores argumentaron que realizaron tareas presenciales de mantenimiento que exigían estar dentro de hospitales y centros de salud, y que esa exposición implicó un riesgo frente al Covid-19. También sostuvieron que existió un trato discriminatorio, ya que -según su postura- fueron declarados esenciales durante el aislamiento y, aun así, quedaron afuera del beneficio.
Sin embargo, el Ejecutivo separó el análisis en dos planos: por un lado, admitió formalmente el recurso; por otro, lo rechazó en el fondo. La aceptación formal se apoyó en un punto procedimental: el decreto indicó que la notificación de la Resolución 1633/23 no habría cumplido con el artículo 150 de la Ley 9003, que exige informar de manera precisa qué recursos administrativos pueden interponerse y en qué plazos. Al remarcar que la omisión no puede perjudicar al administrado, el Gobierno consideró que el recurso "procede formalmente".
Ver: Estiman que el bombardeo de EEUU a Venezuela dejó 40 muertos
Pero al entrar al contenido del reclamo, la Provincia sostuvo que el Decreto 1057/21 fue explícito al delimitar a los beneficiarios: el bono se creó para el personal de la salud que "brinda atención en forma efectiva" y que está "abocado al manejo de casos relacionados con la pandemia" en los efectores del sistema público provincial, con un listado de áreas incluidas y la condición de haber prestado servicios efectivos durante junio, julio, agosto y septiembre de 2021. Además, el texto asignó al Ministerio la confección del listado de beneficiarios y la responsabilidad de la liquidación.
Con esa base, el decreto razonó que el incentivo apuntó a quienes debían atender a pacientes y actuar directamente sobre casos vinculados a Covid-19, no al personal que cumple funciones de mantenimiento de infraestructura. En esa línea, sostuvo que las tareas de refacción y mantenimiento forman parte de la función habitual del área, con o sin pandemia, y que el mayor riesgo de aquel período no alcanzó solo a un sector, sino a distintos trabajadores esenciales.
En el mismo tramo, el Ejecutivo descartó que exista una violación al principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional, al entender que las situaciones no eran equivalentes: para el Gobierno, no es comparable el rol de quienes estaban asignados al abordaje sanitario de la pandemia con el de quienes sostuvieron tareas técnicas y de mantenimiento. El decreto también subrayó que el bono fue no remunerativo y lo definió como parte de una política sanitaria excepcional instrumentada en el marco de la emergencia.
El cierre de la norma fue tajante: "Acéptese formalmente y rechácese sustancialmente" el recurso interpuesto por los agentes mencionados, manteniendo vigente la decisión administrativa que había desestimado el reclamo. El decreto fue firmado por la Vicegobernadora de la Provincia en ejercicio del Poder Ejecutivo.



