La subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, Marité Baudi, aseguró que 25 de las licitaciones financiadas con el fondo de reparación histórica terminaron con ofertas más bajas que las previstas, lo que ya generó un ahorro cercano a los $60.000 millones para la provincia.
Badui: "El 78% de las obras han estado por debajo del presupuesto oficial"
La mayoría de las obras públicas financiadas con el fondo de resarcimiento que recibió Mendoza por la promoción industrial se están adjudicando por debajo del presupuesto oficial previsto por el Estado, tal como lo había anticipado el Post. Así lo confirmó la subsecretaria de Infraestructura provincial, Marité Badui, durante una entrevista en "Tenés que saberlo" por Radio Post 92.1, donde detalló los resultados de las licitaciones realizadas con esos recursos.
Según explicó la funcionaria, hasta el momento 32 obras ya fueron adjudicadas con los fondos del resarcimiento, y 25 de ellas se concretaron por debajo del presupuesto oficial, lo que representa casi el 78% de las licitaciones. Esa diferencia entre lo estimado y lo finalmente ofertado por las empresas generó un ahorro cercano a los $60.000 millones para la provincia.
El dinero proviene del acuerdo que permitió a Mendoza recibir cerca de 1.000 millones de dólares como compensación por la prórroga del régimen de promoción industrial en los años noventa, recursos que inicialmente estaban vinculados al proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento y que luego fueron reorientados para financiar obras públicas en distintos puntos de la provincia.
Baudí explicó que la decisión del Gobierno provincial es defender el presupuesto oficial calculado por los equipos técnicos, incluso dando de baja procesos licitatorios cuando las ofertas superan esos valores. En ese sentido, recordó que en algunos casos se suspendieron licitaciones y se volvieron a convocar cuando las propuestas presentadas estaban por encima del monto estimado por la provincia.
"Nosotros analizamos nuestros cómputos y presupuestos y vamos a defender esos números. No queremos que nadie pierda, pero tampoco que el Estado pague más de lo que corresponde", señaló la funcionaria durante la entrevista.
La subsecretaria también vinculó este fenómeno con el contexto actual del sector. Según indicó, la fuerte caída de la obra pública nacional generó una mayor competencia entre empresas constructoras, ya que Mendoza es una de las pocas jurisdicciones que continúa impulsando licitaciones de infraestructura.
Ese escenario hizo que muchas firmas presentaran ofertas más ajustadas para sostener su actividad, lo que derivó en adjudicaciones por debajo del monto originalmente previsto.
"Hay empresas que tienen mayor espalda o que deciden cómo estructurar su oferta. Esas son decisiones empresarias. El Estado no regula el mercado de la construcción, simplemente licita y adjudica la mejor propuesta técnica y económica", sostuvo.
La funcionaria explicó además que la tendencia no se limita a las obras financiadas con el fondo del resarcimiento, sino que también se observa en otras licitaciones de infraestructura que ejecuta la provincia.
De acuerdo con los datos oficiales, si se consideran todas las obras licitadas por el área de infraestructura, 66% de los procesos también terminaron adjudicándose por debajo del presupuesto oficial, incluyendo proyectos financiados con rentas generales, obras escolares, comisarías y centros de salud.
El ahorro acumulado con los fondos del resarcimiento, estimado en unos $60.000 millones, representa una cifra significativa dentro del plan de infraestructura provincial. Para dimensionarlo, Baudí explicó que ese monto equivale aproximadamente a la mitad de lo que costará el futuro tren de cercanías proyectado para el Gran Mendoza.
La situación, sin embargo, también generó tensiones dentro del sector de la construcción, especialmente entre empresas medianas y pequeñas que advierten que con esos niveles de precios resulta más difícil competir frente a firmas de mayor escala.
Desde el Gobierno provincial, en cambio, sostienen que la prioridad es garantizar que las obras se realicen al menor costo posible para el Estado, siempre que se cumplan los estándares técnicos y de calidad establecidos en los pliegos.
"Durante años era habitual que las obras se adjudicaran por encima del presupuesto oficial. Hoy el contexto cambió y hay más competencia. Nuestro objetivo es cuidar los recursos públicos y adjudicar las obras al mejor precio posible", concluyó la funcionaria.
