El requerimiento de la jueza federal de Nueva York es el marco del juicio iniciado por la expropiación de YPF. "El Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos" sostienen desde el gobierno.
El Gobierno no quiere entregar a Preska los chats y mails de Caputo y Massa
El Gobierno argentino solicitó este martes a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, que reconsidere su orden de entregar mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas del ministro de Economía, Luis Caputo, su antecesor Sergio Massa, y otros funcionarios actuales y anteriores, en el marco del juicio iniciado por fondos especulativos por la expropiación de YPF.
El planteo fue presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se litiga la causa iniciada por el fondo Burford Capital.
"La República Argentina pide a la jueza Loretta Preska que reconsidere su reciente orden relacionada con la entrega de comunicaciones... ya que el Estado no tiene en su posesión dichos dispositivos, porque no le pertenecen", indicó Sebastián Maril, analista que sigue el litigio de cerca, según informó la agencia de Noticias Argentinas.
De esta manera, el Gobierno argumentó que no tiene control ni acceso a los dispositivos personales requeridos, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional.
En su escrito, Argentina advirtió que "los demandantes no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica' para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios".
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La Procuración del Tesoro ya había adelantado la semana pasada que evaluaba "las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery sin precedentes". En tanto, el Gobierno presentó dos escritos vinculados a decisiones tomadas en la audiencia del pasado 29 de julio.
El conflicto legal tiene origen en la expropiación del 51% de las acciones de YPF, anunciada el 16 de abril de 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto, que apuntaba a declarar de utilidad pública esas acciones en manos de Repsol, fue convertido en ley el 4 de mayo de ese mismo año.
