Tras no poder derogar definitivamente la ley en el Congreso, la Casa Rosada apeló la sentencia judicial que le ordenó aplicar ya la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Ahora el Gobierno busca frenar la ley de Discapacidad en la Justicia
En plena pulseada parlamentaria por el Presupuesto 2026, el Gobierno nacional sumó un frente judicial: apeló el fallo del juez federal de Campana Adrián González Charvay que declaró inválida la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó su ejecución inmediata en todo el país.
El recurso fue presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación y quedó concedido "con efecto devolutivo", lo que significa que la sentencia seguirá vigente mientras la causa se revisa en la Cámara Federal de San Martín. El magistrado, además, otorgó un plazo de cinco días al Estado para fundamentar la apelación.
El núcleo del conflicto es el artículo 2 del decreto 681/2025, con el que el Poder Ejecutivo había dispuesto frenar la aplicación de la ley argumentando que no existían partidas presupuestarias asignadas para financiarla. El juez consideró que esa cláusula era inválida porque, en los hechos, subordinaba una decisión del Congreso a una norma de jerarquía inferior y vulneraba el esquema constitucional.
Según publicó Infobae, González Charvay también cuestionó el razonamiento presupuestario: sostuvo que la propia ley habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas, por lo que el argumento oficial resultaba engañoso. El fallo advirtió que aceptar esa postura equivaldría a convalidar un uso discrecional de recursos por parte del Ejecutivo.
En paralelo al expediente, el tema se coló en el debate político: la oposición logró frenar en Diputados el intento del oficialismo de derogar de forma definitiva la ley dentro del articulado del Presupuesto 2026.
La Casa Rosada, de todos modos, buscaría revertir ese traspié en el Senado e insistir luego en Diputados cuando se trate el texto general del presupuesto.
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Con la apelación ya en marcha, el caso entra en una etapa clave: mientras la ley debe seguir aplicándose por orden judicial, el Gobierno apuesta a que la Cámara revise y eventualmente revierta el criterio de primera instancia. La disputa, por ahora, se juega en dos canchas al mismo tiempo: tribunales y el Congreso.
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