La Andis pausó las auditorías hasta que termine la investigación sobre el manejo del organismo y posibles coimas en la compra de medicamentos.
El Gobierno frenó las bajas de beneficiarios de pensiones por discapacidad
El Gobierno nacional decidió pausar la auditoría de las pensiones por discapacidad que estaba en marcha sobre más de un millón de beneficiarios en todo el país, mientras avanza una investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo intervenido tras la filtración de audios de su exdirector, Diego Spagnuolo, en los que admitía presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos.
La determinación fue tomada por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien mantiene reuniones semanales en la Casa Rosada para informar sobre el reordenamiento de la entidad.
Hasta el momento, la ANDIS había dado de baja 128.667 pensiones detectadas como irregulares durante la gestión de Spagnuolo. De ellas, 110.522 correspondían a beneficios mal otorgados (con casos insólitos como el uso repetido de la misma radiografía o ecocardiograma), otras 8.107 pertenecían a personas fallecidas y 10.038 a ciudadanos que habían renunciado voluntariamente.
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Ese procedimiento había sido presentado meses atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni, como un proceso progresivo de revisión que alcanzaría a más de un millón de casos. Sin embargo, con las denuncias por sobreprecios en las compras de medicamentos, la Casa Rosada resolvió suspender las bajas y revisar incluso las ya realizadas.
"Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura", explicó una fuente cercana a Lugones a Infobae.
El Ejecutivo también había evaluado la posibilidad de transformar a la ANDIS -organismo descentralizado- en un área dependiente directamente del Ministerio de Salud, para transparentar las contrataciones y licitaciones. Esa opción, por ahora, quedó descartada.
La razón principal es que, sin las facultades delegadas que estaban vigentes bajo la Ley Bases, cualquier modificación estructural debe pasar por el Congreso, lo que retrasa los planes oficiales.
Actualmente, la ANDIS conserva la capacidad de administrar su propio presupuesto, aunque la intervención permitió al Gobierno acceder a los primeros números de la gestión de Spagnuolo.
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