Adorni: qué dice la Ley de Ética Pública sobre el uso del avión presidencial

 El reciente viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Nueva York junto al presidente Javier Milei volvió a poner en discusión los límites del uso de bienes del Estado. La polémica surgió luego de que el propio funcionario confirmara que su esposa, Bettina Angeletti, formó parte del vuelo en el avión presidencial, lo que abrió interrogantes sobre si esa situación puede entrar en conflicto con la Ley de Ética Pública.

El desplazamiento ocurrió en el marco de la Argentina Week 2026, un encuentro organizado en Estados Unidos que reúne a funcionarios, empresarios e inversores para debatir sobre oportunidades de negocios y financiamiento. Sin embargo, la presencia de la esposa del funcionario en la aeronave oficial desplazó el foco hacia el plano legal y ético del uso de los recursos públicos.

Qué establece la Ley de Ética Pública

La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública fija los principios que deben guiar el comportamiento de los funcionarios del Estado. En su artículo 2, la norma establece que quienes ejercen funciones públicas deben proteger y conservar la propiedad del Estado y emplear sus bienes sólo para los fines autorizados.

La ley también incluye una regla específica sobre los beneficios personales. Según ese mismo artículo, los funcionarios deben abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial.

De esta manera, la legislación busca garantizar que los recursos financiados con fondos públicos se utilicen exclusivamente para actividades vinculadas a la función estatal.

Ver: Ruido por los vuelos de Adorni y la rara justificación de la TV Pública

La controversia gira en torno a si el traslado de la esposa del funcionario en el avión presidencial puede interpretarse como un beneficio personal. Especialistas en transparencia señalan que el eje del análisis legal pasa por determinar si existe una justificación oficial para ese traslado.

El debate también incluye otro argumento planteado por el propio funcionario: que el avión ya tenía previsto viajar a Nueva York y que, por lo tanto, la presencia de su esposa no implicó un gasto adicional para el Estado.

Sin embargo, desde el punto de vista de la ética pública, algunos especialistas advierten que la discusión no se limita al costo del vuelo, sino al principio de utilización de bienes públicos exclusivamente para fines oficiales.

El episodio también generó repercusiones políticas porque el propio Manuel Adorni había defendido anteriormente restricciones sobre el uso de aeronaves oficiales.

En agosto de 2024, cuando se desempeñaba como vocero presidencial, anunció un decreto que establecía que las aeronaves públicas no podían utilizarse para viajes particulares. En ese momento mencionó como ejemplo situaciones como trasladar familiares o realizar viajes sin relación con la agenda oficial.

Ese antecedente volvió a mencionarse en el debate actual, ya que el criterio expresado en ese anuncio coincide con el espíritu de la Ley de Ética Pública, que apunta a evitar el uso de bienes estatales con fines privados.

La discusión sobre el uso de la flota presidencial no es nueva en la Argentina. A lo largo de los últimos años se registraron denuncias y cuestionamientos contra diferentes administraciones por el uso de aeronaves oficiales en situaciones consideradas personales o partidarias.

Por esa razón, cada episodio vuelve a poner en el centro de la escena el mismo interrogante: hasta dónde pueden utilizar los funcionarios los recursos del Estado y cuáles son los límites que fija la ley.

En ese marco, la Ley de Ética Pública sigue siendo el principal instrumento legal para evaluar estas situaciones, ya que establece que los funcionarios deben utilizar los bienes del Estado únicamente para cumplir funciones oficiales y nunca para beneficio personal o de sus familiares.