Cornejo echó a un policía que estuvo dos años en prisión preventiva

Las autoridades desestimaron el planteo del ex auxiliar y ratificó que el plazo máximo en pasiva habilita la baja automática, aun con un sumario pendiente.

Cornejo echó a un policía que estuvo dos años en prisión preventiva

Por: Martín Arrojo

 El Gobierno de Mendoza confirmó la expulsión de un agente que permaneció más de dos años en situación de "pasiva y privado de libertad", al rechazar de manera definitiva el recurso jerárquico que presentó contra su baja obligatoria. 

La decisión quedó formalizada en el Decreto 2581, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra Mercedes Rus, y publicado en el Boletín Oficial.  En el documento, no se mencionan los detalles sobre la situación que llevó a la detención del agente. 

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial este miércoles, el caso se originó cuando el ex agente intentó revertir la resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia que dispuso su separación automática de la fuerza, al considerarla "improcedente" porque desde 2022 tenía abierto un sumario administrativo en la Inspección General de Seguridad y que, hasta tanto no concluyera, debía respetarse el principio de inocencia.

Sin embargo, Asesoría de Gobierno determinó que la norma es taxativa y establece un criterio objetivo: una vez cumplidos los dos años en pasiva, corresponde la baja sin necesidad de esperar el resultado del procedimiento disciplinario o del proceso penal.

En su análisis, el dictamen señaló que el sumario en curso no impedía aplicar la causal automática, ya que la privación de libertad constituye un hecho suficiente para activar el artículo 58 inciso 7. También rechazó la interpretación del ex policía respecto de un presunto conflicto normativo, al considerar que no existían vicios en los actos administrativos cuestionados y que la baja se ajustaba al marco legal vigente. 

Con el rechazo sustancial del recurso jerárquico y la vía administrativa agotada, el decreto notifica al agente que dispone de treinta días corridos para acudir a la Justicia mediante la acción procesal administrativa prevista en la Ley 3918. 

El decreto

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