Mientras un adolescente mató a un compañero en un colegio santafesino, la Justicia mendocina confirmó la prisión preventiva del celador acusado de abusar de la alumna que en 2025 había ingresado armada a una escuela en La Paz. Dos casos distintos, una misma escena.
Santa Fe y Mendoza, un mismo día marcado por la violencia en el aula
El lunes 30 de marzo de 2026 quedó marcado por dos episodios graves ocurridos en escuelas argentinas, separados por más de mil kilómetros pero atravesados por un mismo eje: la violencia en contextos educativos.
Por un lado, en San Cristóbal, Santa Fe, un adolescente de 15 años llevó una escopeta a la escuela Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros en pleno inicio de la jornada escolar. El ataque ocurrió cerca de las 7.15, cuando los estudiantes del nivel secundario se encontraban en el patio para el izamiento de la bandera.
El hecho terminó con la muerte de Ian Cabrera Núñez, de 13 años, alumno de primer año. Además, otros dos estudiantes resultaron heridos por perdigones, aunque se encuentran fuera de peligro. Varios jóvenes también sufrieron cortes y golpes durante la huida, en medio de escenas de desesperación en las que algunos escaparon rompiendo vidrios o saltando cercos.
Según las primeras reconstrucciones, el agresor habría disparado en varias oportunidades con una escopeta que pertenecía a su entorno familiar. La situación fue controlada por un asistente escolar que logró reducirlo y quitarle el arma, evitando que el episodio tuviera consecuencias aún más graves.
El atacante quedó detenido, pero las autoridades confirmaron que es un menor no punible, ya que la legislación vigente aún fija la imputabilidad a partir de los 16 años. La reforma que reduce ese umbral todavía no entró en vigencia.
Ver: Una alumna disparó un arma y se atrincheró en una escuela de La Paz
El caso generó una fuerte conmoción en la ciudad santafesina, de unos 15 mil habitantes, donde "todos se conocen". El municipio decretó 48 horas de duelo y el Gobierno provincial desplegó un operativo interministerial con participación de áreas de Educación, Seguridad, Salud y Niñez para asistir a las familias y a la comunidad educativa.
En paralelo, ese mismo día, en Mendoza, la Justicia avanzó en una causa que también tuvo como escenario una escuela, pero con un trasfondo diferente.
El juez Ricardo Shulz resolvió dictar la prisión preventiva para un celador de 61 años, acusado de abuso sexual simple contra una adolescente que meses atrás había protagonizado un episodio que conmocionó a la provincia.
El caso se remonta al 10 de septiembre de 2025, cuando una alumna de 14 años, hija de un policía, ingresó armada con una pistola 9 milímetros a la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, realizó disparos y se atrincheró durante varias horas dentro del establecimiento.
Ver: Un celador detenido por un presunto abuso a la niña que se atrincheró en La Paz
Tras una negociación que se extendió por más de cinco horas, la joven entregó el arma a efectivos policiales y fue trasladada al Hospital Notti, donde recibió atención médica y contención en salud mental.
En ese momento, el episodio fue interpretado como un caso de violencia escolar sin un motivo claro. Sin embargo, con el avance de la investigación, la causa tomó otro rumbo.
A partir de declaraciones realizadas en Cámara Gesell, la fiscal de delitos contra la integridad sexual Laura Nieto impulsó una investigación que derivó en la imputación del celador, cuya detención había sido ordenada días antes.
Las pruebas reunidas por el fiscal Héctor Rosas apuntan a que la adolescente habría sido víctima de abuso sexual en la modalidad de tocamientos dentro del ámbito escolar.
La principal hipótesis que manejan los investigadores es que la joven llevó el arma aquel día con la intención de dispararle a su presunto abusador. Sin embargo, el hombre no se encontraba en la escuela, ya que tenía franco, lo que habría frustrado ese objetivo.
El imputado permanece bajo detención domiciliaria, una condición que se mantuvo tras el dictado de la prisión preventiva, medida que busca garantizar el avance del proceso judicial y evitar cualquier interferencia en la investigación.
Por su parte, la adolescente continúa bajo medidas de protección judicial, con seguimiento psicológico y cursando sus estudios mediante la modalidad de educación domiciliaria, en resguardo de su integridad.
