Por decisión de la ministra de Seguridad el cabo retirado fue exonerado y perdió su "estado policial".
Rus aplicó la máxima sanción para un policía por violencia de género
El Gobierno de la provincia de Mendoza publicó este martes 27 de enero de 2026 en el Boletín Oficial una resolución que ordena la exoneración de un ex cabo de la Policía provincial, tras concluir un sumario administrativo en su contra por comportamientos relacionados con violencia de género y una condena penal firme.
La medida se basa en una investigación interna iniciada por la Inspección General de Seguridad, que determinó que el cabo retirado habría incurrido en faltas graves al Régimen Policial luego de que en una causa judicial se acreditara su responsabilidad en hechos de violencia de género y amenazas en contexto de relación de pareja.
Durante el proceso, el efectivo se abstuvo de declarar, pero la investigación y los dictámenes técnicos concluyeron que correspondía aplicar una sanción.
El efectivo había sido condenado a siete (7) meses de prisión de ejecución condicional, por el delito de "lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas simples en contexto de violencia de género.
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Luego de revisar toda la documentación y las etapas del sumario, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza resolvió aplicar la sanción de exoneración, la máxima sanción disciplinaria en el ámbito policial, que implica la separación definitiva del cargo. La resolución también establece notificaciones oficiales a recursos humanos y otros organismos estatales para que actualicen los legajos administrativos y, de corresponder, evaluén los efectos sobre percepciones salariales.
La publicación en el Boletín Oficial formaliza este acto administrativo y permite que la decisión sea de conocimiento público, además de habilitar los plazos legales para que el implicado pueda interponer recursos administrativos en caso de querer recurrir la decisión dentro de los plazos previstos por la normativa vigente en Mendoza.
Esta resolución forma parte de las acciones del Estado provincial para garantizar la aplicación de las normas internas de conducta en las fuerzas de seguridad, especialmente en casos que involucren delitos con condena firme fuera del servicio, que pueden afectar la confianza pública y la integridad institucional de la fuerza policial.
