Denuncian a trabajadoras sexuales en los alrededores de la Terminal

Un grupo de vecinos de Guaymallén denunció la presencia constante de trabajadoras sexuales en la intersección de Alberdi y Emilio Civit, ubicada a pocas cuadras de la Terminal de Ómnibus. Según relatan, la esquina se ha convertido en un punto habitual de encuentro con clientes y hasta escenas explícitas en plena vía pública.

De acuerdo con uno de los denunciantes, las mujeres no solo permanecen en la vía pública ofreciendo servicios, sino que además,  según su testimonio, en ocasiones concretan encuentros sexuales en espacios abiertos, como lotes baldíos sin cercar.

Los vecinos indicaron que realizaron reiterados llamados a la Policía, aunque afirman que la presencia policial no ha logrado modificar el escenario. Incluso, denunciaron un episodio tenso en el que un residente intentó dialogar con las trabajadoras sexuales y, según su versión, fue amenazado con un cuchillo.

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En este contexto, también surgieron cuestionamientos hacia la respuesta de las autoridades. Según relatan, desde la Policía les informaron que no se estaría cometiendo ningún delito, lo que abrió un debate entre los vecinos sobre qué conductas son consideradas ilegales y cuáles no.

En Mendoza, el ejercicio del trabajo sexual no está prohibido en sí mismo. La Ley 9099, correspondiente al Código Contravencional, establece que la actividad no constituye una infracción siempre que no afecte a terceros ni altere el orden público. Sin embargo, la normativa sí regula cómo puede desarrollarse en espacios públicos.

El Artículo 84, por ejemplo, sanciona la incitación manifiesta, insistente o agresiva a mantener prácticas sexuales a cambio de dinero en la vía pública. En esos casos, se contemplan multas o arrestos de entre 5 y 8 días. Asimismo, si este tipo de conductas se realiza en ámbitos privados pero de manera visible hacia el exterior, la ley prevé medidas como la clausura del lugar.

Además, otras figuras contravencionales, como las relacionadas con ofensas al pudor, el decoro o el acoso callejero, pueden aplicarse cuando las acciones afectan a terceros o alteran la convivencia social.

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