La investigación por falsas ofertas laborales en minería sumaría denuncias en varias provincias y un perjuicio cercano a los $250 millones. Los detalles.
Promesas de empleo: la estafa en San Juan con víctimas en Mendoza
La investigación por una presunta estafa a decenas de sanjuaninos, vinculada a falsas ofertas de empleo en el sector minero sumaría un nuevo elemento: también habría mendocinos damnificados, según surge de distintas denuncias que se incorporaron a la causa en los últimos días.
El expediente tiene como principal acusada a Valeria Graciana Páez, quien fue detenida en Salta junto a su pareja, Carlos Báez, en el marco de una pesquisa por supuestas maniobras fraudulentas reiteradas. Ambos se encuentran imputados, mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas y testimonios.
De acuerdo con lo que indicaron fuentes vinculadas a la causa, el esquema habría consistido en ofrecer supuestos puestos de trabajo en minería, con promesas de salarios que oscilarían entre los $3 y $4 millones mensuales. Para acceder a esas oportunidades, a los postulantes se les habría solicitado el pago de sumas cercanas a los $500.000, bajo el argumento de cubrir trámites administrativos, multas o estudios médicos.
Sin embargo, quienes habrían abonado ese dinero no habrían accedido a ningún empleo, y en muchos casos habrían perdido contacto con los organizadores de la maniobra.
Si bien el foco inicial de la investigación se ubica en San Juan, donde se concentran varias de las denuncias, con el avance de la causa habrían comenzado a aparecer presentaciones en otras provincias. Entre ellas, Mendoza, donde algunas personas habrían transferido dinero con la expectativa de ingresar a proyectos mineros, incluso en algunos casos vinculados a posibles trabajos en Chile.
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Según lo que sostienen los investigadores, la acusada se habría presentado como ingeniera y habría operado a través de supuestas consultoras, desde donde difundía convocatorias laborales y simulaba procesos de selección. Para dar apariencia de legalidad, habría utilizado documentación apócrifa, comprobantes adulterados y referencias a empresas del sector.
La causa también incluiría otra modalidad: la captación de personas interesadas en invertir en proyectos mineros que no existirían, a quienes se les habrían mostrado planos, informes técnicos y presuntos vínculos con compañías del rubro.
Hasta el momento, el expediente reuniría al menos 33 denuncias formales, aunque no se descarta que el número de afectados pueda ser mayor, debido a la extensión territorial del caso y a la posibilidad de que existan víctimas que aún no hayan denunciado.
Además, según trascendió, la principal acusada ya habría sido investigada anteriormente por maniobras similares desde al menos 2019, en causas que incluirían estafas vinculadas a obras públicas, certificaciones empresariales y supuestos contactos con organismos oficiales.
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En el marco de la investigación, la Justicia habría dispuesto el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y la realización de allanamientos en los que se habría secuestrado documentación considerada relevante para avanzar con la causa.
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