La Justicia Federal frustró una presunta maniobra organizada desde un penal entrerriano que tenía como blanco a funcionarios clave. El juicio por narcotráfico que está por comenzar habría sido el detonante.
Planificaban asesinar a un ministro, un juez y un fiscal desde la cárcel
Un plan que incluía los asesinatos de un ministro provincial, un juez federal y un fiscal fue desactivado en Entre Ríos, tras una investigación que se activó dentro del propio sistema penitenciario. La maniobra, según publicó el diario La Nación este 22 de febrero, habría sido organizada por un detenido con vínculos narco que enfrenta un inminente juicio oral.
El principal apuntado es Leonardo Airaldi, conocido como "el Gaucho narco", quien se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. De acuerdo con la investigación judicial, desde allí se habría coordinado la contratación de un sicario uruguayo con el objetivo de ejecutar los ataques. La hipótesis que manejan los investigadores es que el complot buscaba intimidar y condicionar el proceso judicial que está por comenzar.
El debate oral por narcotráfico tiene fecha prevista en los tribunales federales de Paraná y sentará en el banquillo a Airaldi junto a otros 13 acusados. Para la fiscalía, el eventual plan criminal pretendía generar temor en quienes intervienen en la causa y, de ese modo, alterar el desarrollo del juicio. Entre los presuntos objetivos figuraban el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, un juez federal y un fiscal que interviene en el expediente.
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La alerta surgió a partir del testimonio de otro interno que advirtió sobre movimientos y conversaciones sospechosas dentro del penal ubicado en Gualeguaychú. Con esos datos, el juzgado federal ordenó allanamientos en el pabellón donde está detenido Airaldi. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y pequeñas cantidades de cocaína, elementos que ahora forman parte de la causa que investiga el presunto complot narco.
Tras conocerse la gravedad de las amenazas, se reforzó la custodia de los funcionarios señalados y se dispusieron medidas adicionales de seguridad. En el ámbito judicial reconocen preocupación por la capacidad de algunas organizaciones criminales para intentar operar incluso desde contextos de encierro. Sin embargo, el juicio por narcotráfico no fue suspendido y se mantiene el cronograma previsto, con mayores controles y protocolos.
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El caso vuelve a poner el foco en la dinámica de las bandas dedicadas al tráfico de drogas y en las dificultades para impedir que continúen coordinando acciones desde establecimientos penitenciarios. También expone el nivel de tensión que rodea procesos judiciales sensibles en la provincia. Por ahora, la investigación sigue en marcha para determinar el alcance real del plan y las responsabilidades penales que podrían sumarse al expediente principal.
