La mujer deberá abonar la suma por ser la administradora del inmueble donde hay una garita en la puerta.
Contrató seguridad privada sin habilitación en Dorrego y fue multada
El Gobierno de Mendoza publicó este lunes en el Boletín Oficial Electrónico una resolución administrativa que modifica la imputación de responsabilidad en un caso de prestación de servicios de seguridad privada sin habilitación.
La medida implica que una vecina Dorrego fue notificada como responsable solidaria del cobro y contratación de una seguridad irregular, mientras que otra persona fue desvinculada de esa obligación tras evidenciarse que no participó directamente en la contratación.
El expediente se remonta a una inspección realizada en junio de 2023 en un inmueble del Barrio Los Reyunos, en Guaymallén, donde se constató que el guardia estaba realizando funciones de seguridad sin contar con la habilitación ni estar vinculado a una empresa registrada ante el correspondiente organismo provincial (REPRIV).
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Como resultado, en 2024 se impuso una multa de $240.160 al hombre por la prestación irregular de servicios de seguridad, y esa sanción fue notificada en primera instancia a otra persona en carácter de responsable solidaria.
La nueva resolución, en cambio, deja sin efecto la imputación solidaria a ese segundo individuo, al comprobarse que no tuvo participación directa en la contratación del servicio de seguridad irregular. En su lugar, la responsabilidad solidaria corresponde ahora a la propietaria y administradora del inmueble donde se verificó la irregularidad. Según el texto oficial, existen pruebas que demuestran que fue esta última quien exigió y gestionó el cobro por un servicio no habilitado.
La resolución también ratifica la multa al prestador del servicio irregular, y establece que los notificados tienen un plazo de 15 días hábiles para acreditar el pago de la sanción. De no hacerlo, el expediente será remitido a la instancia jurídica liquidadora. El cambio en la imputación se basa en la normativa provincial que establece que quien contrata o toma servicios de seguridad privada no autorizados puede ser considerado responsable solidario, pero sólo si se demuestra su vinculación efectiva con la contratación.
