La fiscalía federal pidió que se investigue a exintegrantes de fuerzas de seguridad por delitos contra 56 niños y niñas durante la última dictadura.
Pidieron imputar a 24 exmilitares por crímenes contra niños en Mendoza
La Fiscalía Federal en Mendoza solicitó que se impute a 24 exmiembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad por delitos cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura militar. También se agregaron los casos de otras dos niñas afectadas durante un operativo de la dictadura previa.
Muchos de los acusados ya fueron juzgados o condenados por haber participado en operativos que terminaron con la desaparición, asesinato o detención de los padres y madres de las víctimas. Ahora, la Justicia busca avanzar con una nueva causa que pone el foco en las infancias afectadas por el terrorismo de Estado.
El pedido fue realizado por el fiscal Dante Vega, junto con los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar. Según detallaron, los hechos denunciados incluyen delitos como privación abusiva de la libertad, tormentos, abandono de persona, coacción, apropiación de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.
La fiscalía denunció al menos cinco patrones de violencia contra niños.
En muchos casos, los niños y niñas fueron testigos directos de la violencia. Algunos fueron secuestrados junto a sus madres y llevados a centros clandestinos como el D-2, donde vivieron condiciones inhumanas. En uno de los relatos, un bebé de siete meses fue abandonado en la puerta de la casa de sus abuelos con secuelas físicas visibles. Otro de diez meses fue usado como "cebo" para atrapar a su padre.
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La presentación judicial identificó cinco patrones de violencia contra niños y adolescentes: detención o retención posterior a los operativos; exposición a operativos violentos; abandono; agresiones directas, como amenazas con armas; y delitos vinculados a la identidad.
Entre los testimonios más duros, figuran casos como el de un niño de 3 años al que le pusieron un arma en la cabeza frente a su padre, o una niña de 5 que fue apuntada con un arma y obligada a entregar la llave de su casa. También se registraron hechos de abandono, como bebés que quedaron solos tras el secuestro de sus padres, en situación de total desamparo.
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El D-2, el principal centro clandestino de detención de Mendoza, figura entre los lugares donde se cometieron estos delitos. Allí, más de 300 personas fueron privadas de su libertad ilegalmente, muchas de ellas torturadas o asesinadas. Este lugar funcionaba como base de inteligencia de la policía y operaba con celdas y personal especializado en represión.
La Fiscalía también responsabiliza al Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército Argentino, que actuaba en Mendoza, San Luis y San Juan, y a la IV Brigada Aérea, que tuvo control operativo en Lavalle y Las Heras. Estas estructuras no solo planificaban y ejecutaban los operativos, sino que también formaban parte de las tareas de inteligencia que sustentaban el accionar represivo.
Según el Ministerio Público Fiscal, estos crímenes formaron parte de un plan sistemático dirigido a eliminar a quienes eran considerados "enemigos" por el aparato represivo. Y en ese marco, niños y niñas también fueron víctimas directas de la violencia del Estado.
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