Fue sobreseído tras una denuncia por abuso y ahora acusa a su ex por extorsión

Un empresario mendocino fue denunciado por su ex pareja por abuso sexual reiterado, en una causa en la que se detallaron 355 hechos con acceso carnal. A partir de esa presentación judicial, fue detenido y permaneció 18 días en una comisaría, para luego continuar más de 300 días bajo prisión domiciliaria. Un año después, la Justicia dictó su sobreseimiento por falta de pruebas, y actualmente impulsa una denuncia contra su ex pareja por falsa denuncia, extorsión y venta de cosa ajena, según consta en su presentación.

Según denunció D.P. (se preserva su identidad para no entorpecer la causa en curso), durante ese período también estuvo seis meses sin poder ver a su hijo y sufrió graves consecuencias personales y económicas. "Perdí el trabajo de toda una vida y todos mis ahorros", afirmó, al describir el impacto que, según sostiene, tuvo el proceso judicial en su vida.

De acuerdo a su testimonio, la denuncia se originó tras la separación. "En el 2021 mi ex pareja decide separarse de mí y yo me voy de la casa, pero tenía pretensiones económicas exorbitantes", sostuvo. Según relató, durante ese tiempo se intentó encauzar la situación por vía legal con la intervención de la abogada de familia, Beatriz Quiroga, en busca de un acuerdo.

"Pasamos un mes con cuestiones de familia, con la doctora Quiroga, que era la abogada de mi familia, para ver si se podía llegar a un acuerdo", explicó, en relación a ese período previo a la denuncia penal.

Sin embargo, según denunció, la situación cambió de manera abrupta con la radicación de la causa. "De repente aparece una denuncia de abuso sexual múltiple, me llevan preso 18 días, cárcel efectiva", afirmó, al referirse al inicio del proceso judicial en su contra.

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En relación a la acusación, D.P. sostuvo que su ex pareja denunció haber sido abusada durante años de forma reiterada. "No es que ella dice 355 violaciones, ella dice que fue abusada durante 12 años, semanalmente y a veces hasta dos veces por semana", señaló, en referencia a la forma en que se construyó la cantidad de hechos denunciados. Una de las querellantes del caso fue la conocida abogada mendocina, Carolina Jacky. 

En ese contexto, D.P. denunció un intento de extorsión, que según afirmó ocurrió mientras él estaba detenido. "Mientras yo estoy en la cárcel, esta mujer va al estudio de mi abogada de familia y le dice: quiero la casa, quiero 20.000 dólares, quiero el auto, quiero todo. Si me dan todo eso, desisto de las denuncias penales", relató, sobre un episodio que, según indica, forma parte del expediente.

Según consta en su presentación, esos planteos habrían sido luego enviados por mensajes. "Manda todos estos detalles por WhatsApp, los tenemos registrados, y básicamente extorsiona a mis padres", sostuvo, al señalar que ese material habría sido incorporado como prueba dentro de la causa.

Las grabaciones de las cámaras que se vendieron por Facebook

Durante la investigación, según denunció, su defensa -a cargo del abogado Juan Franco Ferraris- solicitó acceder a registros de cámaras de seguridad de la vivienda donde habrían ocurrido los hechos.

"Según esta mujer, tantas violaciones semanales tendrían que haber quedado registradas en las cámaras de la vivienda", indicó, al justificar el pedido realizado por su defensa durante el proceso.

Sin embargo, según consta en el expediente y en su relato, ese material no estaba disponible. "Pedimos el recupero del DVR de la vivienda y el DVR no estaba. ¿Por qué? Porque esta señora lo vendió por Marketplace", afirmó, en relación al destino del dispositivo donde se almacenaban las grabaciones.

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De acuerdo a lo que denunció, el equipo fue localizado posteriormente gracias a una notificación técnica. "La persona que lo compra lo conecta a internet y a mí me avisa al celular, porque es un equipo profesional. Ahí damos con la ubicación y lo secuestran", relató, al explicar cómo se logró ubicar el aparato.

El dispositivo fue hallado en un lavadero de Maipú y secuestrado en un allanamiento. El comprador declaró haberlo adquirido de buena fe, sin conocer su origen, lo que quedó registrado en el expediente.

DP denunció ocultamiento de prueba y cuestionó el accionar judicial durante la investigación. "Ese DVR lo tiene la Justicia y nunca lo peritó en todo ese año y medio que yo estuve en este problema", afirmó, al sostener que se trataba de un elemento clave que no fue analizado.

Tras el sobreseimiento, D.P. inició acciones judiciales contra su ex pareja. Sin embargo, aseguró que la investigación no avanzó. "Denunciamos todo esto en 2023, le tomaron las huellas, pero ahora quieren archivar la causa", afirmó, al cuestionar el estado actual del expediente.

De acuerdo a lo que consta en su presentación, la causa pasó por distintos fiscales sin resoluciones de fondo. También denunció que en un primer momento la Fiscalía intentó limitar la investigación a una declaración informativa, lo que fue cuestionado por su defensa. Tras la intervención de una jueza, que declaró la nulidad de esa instancia, se avanzó con una imputación, aunque únicamente por amenazas coactivas.

"Fueron 303 o 313 días privado de la libertad, perdí el trabajo, los ahorros y no me dejaron ver a mi hijo por seis meses", resumió, al describir el impacto del proceso en su vida.