El ministro Lugones todavía no recibió la notificación. El juez Kreplak investigará posibles responsabilidades de funcionarios actuales.
Fentanilo: la justicia sacó al Ministerio de Salud como querellante
La Justicia resolvió revocar la posición de querellante del Ministerio de Salud de la Nación en la causa que investiga la muerte de al menos 96 personas que recibieron fentanilo contaminado como sedante en hospitales y clínicas del país.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Clarín, la decisión se fundamenta en la "posible contradicción en el proceso", dado que podrían existir responsabilidades de funcionarios del propio Poder Ejecutivo en el control y fiscalización de los laboratorios implicados. Sin embargo, desde la cartera sanitaria afirmaron al mismo medio que no habían sido notificados y que continúan participando como querellantes.
El fallo se conoce en medio de un escenario convulsionado por varios factores. En primer lugar, la detención de diez personas ligadas a los laboratorios productores de la droga, HLB y Ramallo, entre ellos Ariel García Furfaro, figura central en la trama. En segundo lugar, la sorpresiva salida de Gabriela Mantecón, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT.
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Además, el Ministerio Público Fiscal le pidió al juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa desde mayo, profundizar la línea de investigación en torno a posibles fallas o complicidades en los organismos de control que debían supervisar la producción y distribución del fentanilo. Bajo esa lupa no solo aparece la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, sino también áreas superiores dentro del propio Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones. El funcionario enfrenta crecientes críticas, en particular de sectores cercanos al oficialismo libertario, que cuestionan su permanencia en el cargo en medio del escándalo.
Con la salida del Ministerio de Salud como querellante, continúan en esa posición los familiares de algunas víctimas, el Hospital Italiano de La Plata -primer denunciante de las muertes-, la Municipalidad de Rosario, la provincia de Santa Fe -que recibió la mayor cantidad de ampollas adulteradas- y el empresario Carlos Tita, dueño de un grupo de centros de salud santafesinos y ex socio comercial de Furfaro.
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