Los chats que comprometen al laboratorio del fentanilo contaminado

 El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y la fiscal Laura Roteta concluyeron la etapa de indagatorias a los primeros diez acusados en la investigación por el fentanilo contaminado producido por HLB Pharma Group SA y su laboratorio asociado, Ramallo SA. El expediente está vinculado a la presunta muerte de 96 pacientes.

El último en declarar fue el propietario de ambas firmas, Ariel García Furfaro, quien quedó detenido tras casi seis horas frente al magistrado. El empresario, con antecedentes penales y vínculos con distintos gobiernos a través de la venta de medicamentos, intentó desligarse de responsabilidades. Según relató su abogado, Gastón Marano, quien también defendió a Nicolás Carrizo en la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, su cliente sostuvo que alguien habría introducido las bacterias de manera intencional en las ampollas. "¿A quién se le puede ocurrir que voy a fundir mi propia empresa?", argumentó.

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La investigación avanzó a un ritmo inusual: en menos de tres meses se reunieron pruebas clave, entre ellas conversaciones de empleados que reconocían la utilización de insumos vencidos y la manipulación de documentación obligatoria. Los chats también dieron cuenta de las malas condiciones de higiene en la planta, donde se registraron imágenes de palomas, arañas y paredes descascaradas.

Los peritajes científicos confirmaron además la coincidencia entre las bacterias halladas en las partidas de fentanilo y las detectadas en la sangre de pacientes fallecidos.

Otro punto relevante de la pesquisa es el presunto aviso previo que recibía la empresa antes de las inspecciones de la autoridad sanitaria, lo que permitía maquillar las fallas en las Buenas Prácticas de Elaboración.

Con la ronda de declaraciones cerrada, la Justicia se prepara para avanzar sobre la cadena de responsabilidades y determinar si las muertes fueron consecuencia de negligencia, fraude o un sabotaje deliberado.

Los chats

Los investigadores incorporaron a la causa judicial por las 96 muertes vinculadas al lote 31202 de fentanilo de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA una serie de conversaciones internas entre empleados, que revelan graves irregularidades en la producción de medicamentos y maniobras para ocultarlas.

Los mensajes, difundidos por Infobae y resaltados en el dictamen fiscal, fueron leídos a Ariel García Furfaro -dueño de las firmas- y a los demás imputados, entre ellos su madre, sus dos hermanos y hasta su abuela de 88 años.

Uno de los diálogos más comprometedores es el del 27 de diciembre de 2024, cuando los trabajadores intercambiaron mensajes sobre cómo justificar irregularidades en el lote 31202, elaborado apenas nueve días antes.

Javier Tchukran, director de manufactura y hoy detenido, admitió: "Me parece que no queda otra cosa que mentir" ante la falta de documentación sobre el destino del fentanilo.

Rocío Garay, supervisora de control de calidad, preguntó: "¿Qué hago? ¿Miento en los reportes?". Wilson Pons, jefe de calidad, respondió afirmativamente.

Otros empleados reconocieron que había que "dibujar" documentación para ANMAT y que la producción "se hizo en el aire".

En los chats también se registran prácticas habituales de adulteración de información:

-Cambios en horarios y análisis para simular controles.

-Reutilización de datos de partículas para aparentar ensayos distintos.

-Instrucciones de detener equipos críticos, como el HPLC de cromatografía, si llegaba ANMAT a inspeccionar.

-Incluso se mencionó que la contramuestra del lote contaminado sería tomada "rápido y en remise", lo que facilitaba la manipulación de resultados.

Otros mensajes revelan el estado crítico de la planta. El 6 de diciembre de 2024, Garay informó a Pons que había explotado la UPS tras un corte de luz, dejando en riesgo equipos clave. En paralelo, denunciaban derrumbes de muros y problemas edilicios.

El 1 de abril de 2025, Garay volvió a advertir sobre techos con chapas sueltas y la presencia de "más de 20 palomas" en el depósito.

El 25 de febrero de 2025, ante el aviso de una inspección de ANMAT, Pons y el jefe de producción Edgardo Sclafani admitieron: "Estamos al horno". El temor respondía a la falta de documentación de varios lotes y a las irregularidades conocidas internamente.

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