La condena reúne tres causas y pone fin a más de una década de denuncias por violencia, amenazas y robos.
El extenso prontuario de la mujer trans proxeneta de la Cuarta Sección
La Justicia provincial confirmó este martes una condena a ocho años de prisión efectiva contra Paloma León Araya, de 53 años, por trata de personas, tentativa de extorsión y robos agravados. La decisión estuvo a cargo de la jueza Mónica Romero, quien unificó tres sentencias previas -dos dictadas en tribunales provinciales y una en el fuero federal- en una única pena.
La acusada deberá cumplir la condena en el penal Almafuerte II, ubicado en Cacheuta. La resolución describe un entramado de explotación sexual que operó durante años en distintos puntos del Gran Mendoza, con mujeres trans y travestis sometidas a un esquema de control económico y coercitivo.
De acuerdo con la investigación, León Araya había montado una estructura delictiva que combinaba la explotación sexual y la extorsión. Según los expedientes judiciales, controlaba zonas específicas -entre ellas sectores de San José, la Cuarta Sección y parte del carril Rodríguez Peña- donde las víctimas debían pagarle sumas de dinero para poder trabajar.
Ver: "Estoy enamorado de vos", acoso de un hombre de 67 años a una nena de 13
Las pruebas incluyen escuchas telefónicas y testimonios que revelaron un patrón de amenazas, cobros forzados y retención de ingresos, incluso de beneficios sociales. En varios casos, las deudas impuestas a las víctimas alcanzaban montos elevados y se reforzaban mediante presiones físicas y psicológicas.
El Ministerio Público Fiscal determinó que la acusada ofrecía "seguridad" a cambio de dinero, pero en realidad ejercía un dominio total sobre las actividades y ganancias de las mujeres que estaban bajo su control.
No es la primera vez que el nombre de Paloma León Araya aparece en los tribunales mendocinos. Su prontuario judicial incluye acusaciones por robo, explotación y tentativa de homicidio, algunas de las cuales datan de más de una década.
Ver: Un hombre fue denunciado por su pareja por violarla con un palo en San Martín
En 2012 fue denunciada por dos mujeres trans que aseguraron haber sido golpeadas tras negarse a pagarle una cuota mensual para trabajar en la zona del Acuario Municipal. El proceso judicial de entonces terminó con su absolución por falta de pruebas consistentes.
Un año más tarde, en 2013, otra víctima la señaló como la autora intelectual de un intento de homicidio: sostuvo que fue rociada con combustible y prendida fuego por orden de Araya, luego de rechazar las condiciones impuestas para ejercer la prostitución. En esa causa, la agresora directa fue condenada, pero nuevamente la supuesta instigadora resultó absuelta.
La acumulación de denuncias, junto con nuevas evidencias obtenidas por la Justicia Federal, llevaron finalmente a una condena firme. En los últimos años, cuatro mujeres trans declararon haber sido captadas y explotadas por la acusada bajo engaños y amenazas.
Con la sentencia unificada, la jueza Romero consideró acreditado que León Araya mantuvo una actividad criminal sostenida en el tiempo, basada en la vulnerabilidad económica de las víctimas y en el uso de la violencia para someterlas.
La resolución ordena el cumplimiento íntegro de la pena en prisión y descarta cualquier beneficio de morigeración, al considerar el riesgo procesal y los recursos económicos con los que contaba la condenada.
La causa pone punto final a una extensa secuencia de investigaciones en torno a una de las figuras más mencionadas en los expedientes por trata y explotación sexual en Mendoza.
