La funcionaria formaba parte de una banda de ocho partícipes. Los documentos eran usados para sacar créditos y comprar bienes.
Dirigía un registro civil y la engancharon falsificando DNI en San Juan
Una grave causa judicial sacude a la vecina provincia de San Juan. La responsable del Registro Civil de la localidad de Pocito, identificada como N.L.C., fue imputada junto a otras ocho personas por integrar una banda dedicada a la falsificación de documentos de identidad que luego se utilizaban para realizar estafas y operaciones comerciales fraudulentas.
Según informó el portal Fiscales.gob.ar, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, formalizó la investigación penal contra los acusados.
La funcionaria, en complicidad con otros miembros del grupo, habría montado un esquema para incorporar datos biométricos falsos -como fotografías y huellas dactilares- en trámites del Registro Civil.
De esta manera, se emitían DNI materialmente auténticos, pero ideológicamente falsos, es decir, documentos con apariencia legal pero con identidades apócrifas. Con ellos, los implicados gestionaban créditos, compras de bienes y transacciones que luego eran revendidas o utilizadas para obtener dinero.
La investigación comenzó el 19 de diciembre de 2024, tras la denuncia de una persona residente en la provincia de Buenos Aires, quien descubrió que su nombre y número de documento habían sido utilizados para solicitar préstamos.
Las pesquisas condujeron directamente al Registro Civil de Pocito, donde se detectaron serias irregularidades y la posible participación de personal interno. En julio pasado, el Ministerio Público Fiscal dispuso la prisión preventiva de la funcionaria y de otros partícipes.
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Además, se supo que uno de los acusados ya cumplía arresto domiciliario por una causa de narcotráfico y se fugó luego de la audiencia judicial.
Una auditoría interna del Registro Civil reveló al menos 22 casos adicionales de falsificación ideológica de documentos, de los cuales 18 se encuentran en grado de tentativa y cuatro habrían sido consumados.
Los delitos que se les imputan incluyen falsificación de documentos públicos, estafa, asociación ilícita y violaciones a la Ley Nacional de Identificación N° 17.671.
La causa, considerada por la fiscalía como un "caso testigo", destapó una red de corrupción institucional en un área clave del Estado y podría derivar en nuevas imputaciones.
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