Está imputado por delitos contra la integridad sexual.
Detienen a un prófugo chubutense en Mendoza
La Justicia de Mendoza detuvo a un hombre de 33 años oriundo de la localidad de Sarmiento, en la provincia de Chubut, en el marco de una causa por graves delitos sexuales que pesaban en su contra. El sujeto fue localizado y aprehendido en el departamento de Luján de Cuyo, luego de que se emitiera una orden de captura activa por su presunta participación en hechos de abuso sexual y estupro.
Los hechos investigados, según la fiscalía, se habrían producido entre julio de 2023 y julio de 2024, en un contexto de violencia de género, e implican al menos dos sucesos de abuso sexual junto con uno de estupro agravado. Tras su aprehensión, durante la audiencia de control de detención, el juez Ariel Quiroga hizo lugar al pedido del ministerio fiscal y dictó prisión preventiva por seis meses. En su resolución, se valoraron los riesgos procesales como el peligro de fuga y la gravedad de los delitos imputados.
El acusado, identificado como N.G.J., quedó alojado en la Comisaría 11 de Luján de Cuyo mientras avanza la investigación. Durante la audiencia, la fiscal Rita Barrionuevo presentó los fundamentos para solicitar la medida cautelar, mientras que la defensa no se opuso a la apertura de la investigación, aunque había propuesto medidas sustitutivas a la prisión.
La investigación continuará con el objetivo de determinar con precisión las circunstancias de los hechos -cuándo, dónde y cómo sucedieron- y las responsabilidades penales correspondientes. La fiscalía cuenta con un plazo de seis meses, durante el cual podrá avanzar con pericias, declaraciones y recopilación de pruebas. Una vez concluido ese período, o antes si hay avances sustanciales, se definirá la situación procesal del imputado y la posibilidad de elevar la causa a juicio.
Este caso, junto a otros de características similares, pone en foco la atención de la Justicia sobre los delitos sexuales vinculados a la violencia de género, destacando la importancia de proteger a las víctimas y de garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con la celeridad y el rigor necesarios.
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