Cuántas propiedades tiene y como se "movía" el acusado de estafar a sus amigos

 El caso que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, bajo la dirección del fiscal Juan Ticheli, tiene como protagonista a Mauro Llopiz, un mendocino de 37 años acusado de estafa genérica reiterada, agravada por abuso de confianza y con apariencia de empresa y negociación.

Según la investigación, Llopiz ofrecía a personas de su entorno invertir en una firma llamada Bull Capital, con promesas de ganancias del 4% al 5% mensual, sin riesgo y con total liquidez. A cambio, sus clientes le entregaban miles de dólares, convencidos por su estilo de vida ostentoso y su supuesta solvencia económica.

El patrimonio bajo la lupa

Hasta el momento, los investigadores detectaron doce propiedades a nombre del imputado, distribuidas en distintos puntos de la provincia. Dos de ellas se ubican en la Quinta Sección de Ciudad.

Una está situada en calle Rufino Ortega, con una superficie de 263 metros cuadrados, y la otra en calle Pueyrredón, con 271 metros cuadrados. Sobre ambas se dictó una medida de "no innovar", una orden judicial que impide venderlas, hipotecarlas o transferirlas mientras dure el proceso penal.

Además, se investiga la procedencia de otros inmuebles y vehículos de alta gama a nombre del imputado, cuyo valor no coincidiría con los ingresos declarados. 

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De acuerdo con los testimonios reunidos, los damnificados, representados por Samir Mussi Saffie y Juan Rifo Vecchiato, son amigos y allegados a Llopiz, con quiénes trabó amistad en los últimos años y a quienes convencía con un discurso de seguridad y éxito. Exhibía sus autos, su oficina de calle Mitre -en pleno centro mendocino- y un lenguaje propio del mundo financiero.

En los correos que enviaba a potenciales inversores, explicaba que la empresa se dedicaba a operaciones bursátiles como trading, scalping, holding y FOREX (oro). "Lo que hacemos con tu dinero es diversificar en activos y sacar profit de cada uno de ellos día a día", les escribía. Al final de algunos mails a los que accedió el Post, firmaba "invertí, gato", dando cuenta de la relación de familiaridad con los ahora denunciantes.

Bull Capital se presentaba como una compañía de inversiones con presencia en el mercado bursátil, pero no figura inscripta en la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo que regula y supervisa el mercado de capitales en Argentina. La misma situación ocurría con la firma de los hermanos Caroglio, We Are Capital, hoy acusados de múltiples estafas con criptoactivos.

Esa falta de registro fue clave para que el fiscal Ticheli encuadrara la maniobra como una presunta estafa agravada, ya que la empresa no estaba autorizada para intermediar en operaciones financieras ni administrar fondos de terceros.

A diferencia de los clásicos esquemas Ponzi, en los que los primeros inversores cobran con el dinero de los nuevos, Bull Capital afirmaba realizar inversiones reales en el ámbito bursátil, lo que hizo más difícil detectar el fraude en sus etapas iniciales.

Hasta ahora, hay tres hechos concretos de estafa y un monto estimado superior a los 200.000 dólares, aunque los investigadores sospechan que podría haber más damnificados que aún no se presentaron a declarar.

Llopiz permanece en libertad, pero tiene prohibido salir del país y no puede disponer de sus bienes. Su defensa asegura que los pagos se interrumpieron tras un supuesto robo de dinero, versión que la fiscalía considera inconsistente.