Condenaron a cuatro mendocinos por lavado y estafas

 La Cámara Federal de Casación Penal condenó a tres hombres y una escribana por integrar una organización que se dedicaba a lavar activos provenientes de estafas a través de la compra de inmuebles y vehículos de alta gama en Mendoza, en línea con los solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

La Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, hizo lugar a un recurso interpuesto en febrero pasado por los fiscales federales Fernando Alcaraz y Federico Baquioni, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, que luego fue sostenido en la instancia por el fiscal general Raúl Pleé.

De esa manera, los camaristas revocaron las absoluciones que en diciembre de 2024 había dictado el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Mendoza sobre los ahora condenados, establecieron la responsabilidad penal de los imputados y remitieron las actuaciones al tribunal de origen para que dicte las penas correspondientes a cada caso.

La Cámara dio por acreditado que Marcelo Fabián Rabel Cantos (58), su hijo Zamin Ezequiel Rabel Morales (32), David Sechter (60) y la escribana Andrea Emilia Marún Calderón (50) realizaron y/o participaron de una serie de estrategias destinadas a darle apariencia legal a fondos provenientes de distintas maniobras de estafas.

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Rabel Cantos fue condenado como autor de lavado de activos agravado por la habitualidad, mientras que la escribana Marún Calderón, por ese delito y por falsedad ideológica de instrumento público, en concurso real. En tanto, Rabel Morales y Sechter fueron hallados partícipes secundarios de lavado de activos.

El caso

La causa tuvo origen en una denuncia del Ministerio Público Fiscal mendocino remitida al fuero federal ante la sospecha de maniobras de lavado de activos por parte de Rabel Cantos, quien ya se encontraba investigado por asociación ilícita y estafas.

De acuerdo a la acusación, Rabel Cantos lideraba una organización criminal que obtenía dinero mediante operaciones inmobiliarias con escrituras apócrifas, y cuya ganancia luego disimulaba a través de la compra y donación de inmuebles y automóviles de alta gama, en maniobras que contaban con la colaboración de familiares, personas de su círculo cercano y de la escribana Marún Calderón. Los bienes eran registrados a nombre de los hijos de Rabel, de su pareja y de terceras personas.

Para el Ministerio Público Fiscal, "Rabel Cantos habría recurrido a personas de su círculo íntimo para disipar cualquier vínculo entre él y el patrimonio adquirido de forma espuria". De esta manera, entre 2012 y 2021, las maniobras incluyeron la compra de al menos tres inmuebles y quince vehículos mediante pagos en efectivo, donaciones simuladas y contratos fiduciarios.

Al mismo tiempo, se inició otra causa a partir de una denuncia por la interventora del Registro Automotor de Maipú a partir de la certificación de la firma de una persona fallecida en un trámite de transferencia de un vehículo, hecho por el que Marún Calderón fue imputada por falsedad ideológica.

La causa fue elevada a juicio oral y, en el debate, el MPF fue representado por el fiscal Baquioni, la auxiliar fiscal Analía Zanessi y el prosecretario Martín Salvoni. El 17 de diciembre de 2024, el TOF N°2 de Mendoza, integrado por los jueces Héctor Fabián Cortés, Roberto Julio Naciff y Pablo Gabriel Salinas, absolvieron a los imputados al considerar que no se había probado la existencia de delito precedente y que Rabel Cantos y sus consortes de causa "actuaron mediante conductas estereotipadas y neutrales, amparadas por la normativa civil".