Los accidentes de tránsito que causen daños en el patrimonio de la Dirección Provincial de Vialidad deberán hacerse responsables y pagar por los gastos ocasionados.
Vialidad les cobra millones a conductores por daños a luminarias y señalización
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) llegó a un acuerdo judicial conciliatorio, por el que cobrará $8.500.000 por los daños que ocasionó un conductor. Se trata de un hecho que ocurrió el 7 de abril del 2024, donde el demandado se estrelló contra un guardarrail de la Costanera Sur y provocó la destrucción de este y de una luminaria contra la que terminó impactando, además de dañar parte del cordón y la cartelería vial.
Luego de la demanda iniciada por el Departamento de Legales de Vialidad Mendoza, quien le reclamó al automovilista que se haga cargo por el perjuicio provocado, la DPV consiguió llegar al acuerdo, ya que la compañía aseguradora del conductor se comprometió a darle cobertura y hacerse cargo del pago en 30 días corridos.
El incidente ocurrió en horario vespertino, cuando el hombre de 43 años perdió el dominio de su camioneta Toyota al intentar tomar la salida a calle Brandsen, lo que ocasionó que impacte contra el vértice que divide la rampa de la traza central.
El automovilista no estaba alcoholizado y no resultó herido. No obstante, reconoció ante las autoridades que tuvo un instante de distracción con su teléfono celular que le hizo perder el control del rodado con el impacto consecuente.
Se trata del segundo acuerdo judicial. El primero ocurrió hace unos días donde Vialidad Mendoza llegó a un acuerdo conciliatorio por $13,5 millones con otro automovilista. Este caso tiene que ver con un hecho que ocurrió en el año 2023.
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En ese momento el conductor estaba en estado de ebriedad, e impactó en solitario a 153 kilómetros por hora contra la defensa central del Corredor del Oeste, y derribó tres luminarias, y generó otros daños.
Cualquier acción que produzca daños en el patrimonio de la Dirección Provincial de Vialidad, ya sea causado por acciones negligentes o fuera de la ley, son dirigidas por la DPV a la vía judicial para que las personas responsables paguen los gastos ocasionados.
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