Intentó ingresar a Chile con petardos y morteros escondidos en el auto, pero lo descubrieron en la aduana. El juez lo dejó volver a Mendoza tras pagar una fianza, aunque seguirá imputado por contrabando.
Abogado mendocino cayó en Chile por tráfico de pirotecnia
Un abogado de Mendoza fue detenido en el paso internacional Los Libertadores cuando intentaba ingresar a Chile con una importante cantidad de fuegos artificiales ocultos en su vehículo, sin haberlos declarado ante la Aduana.
El hecho ocurrió durante la tarde del domingo y fue detectado por agentes del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, según información obtenida por Los Andes Online.
Durante el control, los funcionarios descubrieron 50 petardos dentro de la guantera, otras 11 cajas similares debajo del asiento del conductor y dos tiros de mortero escondidos en el compartimiento de la rueda de auxilio.
El conductor, identificado por sus iniciales como M.O.C., viajaba acompañado de familiares y amigos, según publicó el portal chileno Los Andes Online.
Tras el hallazgo, fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Jorge Alfaro Figueroa lo imputó por los delitos de contrabando y tenencia ilegal de fuegos artificiales, ambos considerados consumados.
En la audiencia, el abogado renunció a su derecho a guardar silencio y explicó al juez Daniel Chaucón Ojeda que desconocía la legislación chilena sobre pirotecnia. Sostuvo que los productos habían sido comprados "hace mucho tiempo" en Argentina con la intención de usarlos en una celebración de Año Nuevo, y que en su país no están prohibidos.
Ver: Un mendocino quiso ingresar a Chile con miles de dólares en su capucha
El juez aceptó el argumento de desconocimiento, pero le impuso una fianza de 100 mil pesos chilenos como condición para permitir su regreso a Mendoza. El dinero fue reunido en el momento por sus familiares y entregado al tribunal, donde quedó bajo custodia oficial.
A pesar de su liberación, M.O.C. deberá regresar a Chile cuando sea convocado, ya que el magistrado fijó un plazo de cinco meses para la investigación, durante el cual el imputado deberá cumplir con la medida cautelar de arraigo nacional.
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