La educación no necesita una nueva ley sino una gestión firme

"Política es tener una idea clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación"

José Ortega y Gasset, "Mirabeau o el político" (1927)

En su imperdible "Mirabeau", Ortega y Gasset postula con toda claridad: "El revolucionario es lo inverso del político: porque al actuar obtiene lo contrario de lo que se propone. Toda revolución, inexorablemente, provoca una contrarrevolución. El político es el que se anticipa a ese resultado, y hace a la vez por sí mismo, la revolución y la contrarrevolución". Por esto es que quienes quieren producir cambios duraderos deben ir con pie de plomo y anudando cada puntada. Para que después el paso dado no vuelva atrás. Recientemente el diario "La Nación" hizo un jugoso informe sobre los cambios producidos por el actual gobierno. Intentaba contestar no sólo a la pregunta por la cantidad sino también sobre la profundidad y la perdurabilidad de las reformas que se están llevando a cabo. Son datos duros, no opiniones. Vale la pena leerlo. Viene a cuento porque el presidente Javier Milei suele jactarse de que su gobierno es el que más reformas ha hecho, en la historia democrática al menos. Lo interesante es cruzar los dichos de Ortega con esta visión y analizar el devenir de las reformas. 

Un primer análisis indica que hay cambios de distinto espesor e incidencia. No toda modificación tiene la misma importancia e impacta en la realidad del mismo modo. Pero además un elemento clave es si lo que se cambia queda bien atado o rápidamente se revierte. Ha sido recurrente la queja del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ha observado absorto e impotente como un fallo de un juez ignoto de cualquier lugar frena los efectos de una medida que va a beneficiar a millones en todo el país. Es el famoso esquema corporativo que se basa en leyes hechas a medida, con políticos que las generan y custodian y una Justicia que está para resguardar si algo se escapa y se sale de control. Ese tema ya fue revisado en esta columna.

Lo cierto es que no se puede dejar de pensar si el proceso que lleva adelante Javier Milei con todas sus peculiaridades, tanto en lo político como en su personalidad, es revolucionario. Y de serlo, en términos orteguianos, cuanto tiene el presidente de revolucionario y cuánto de político. ¿Ha previsto la contrarrevolución? Es decir, ¿cómo es la arquitectura de los cambios? ¿Están lo suficientemente bien hechos desde el punto de vista legal para estar blindados a las fuerzas corporativas que quieren que nada cambie?

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Hay un antecedente a tener en cuenta: el gobierno de Carlos Menem. Fue el que produjo más modificaciones estructurales en el período democrático. Para ello contó con la arquitectura de una especialista, Roberto Dromi, quien además tenía a su alrededor no sólo a otros especialistas sino también a espadas políticas de primer orden. ¿Tienen Javier Milei y su equipo esa arquitectura de excelencia o es sólo un revolucionario al que luego le vendrá su contrarrevolución?

En el actual gobierno conviven un ala liberal, con Sturzenegger a la cabeza, con un explícito apoyo presidencial y un área conservadora, con Milei a la cabeza. La ambigüedad es que el presidente está en ambas alas. En él conviven una voluntad liberal con una fuerte pulsión conservadora. Los resultados por momentos son contradictorios y para cada ala es difícil traducir y digerir ciertos momentos. En el ala conservadora se conduce lo que él llama "la batalla cultural", que no es otra cosa que una relectura en clave pseudoliberal de lo que desde siempre proviene de sectores conservadores, en general ultras en lo religioso. Desde siempre han estado enfrentados con el liberalismo. Esto choca contra una visión liberal republicana. Sturzenegger ha tenido muchas posturas públicas de "ñono republicano", como cuando ha defendido la división de poderes a pesar de los reveses judiciales. Hace buena sintonía con el venerado Juan Bautista Alberdi de Milei. El ala liberal del gobierno es infinitamente más débil que la conservadora, porque la pulsión más profunda del presidente respira mejor en el mundo conservador que en el liberal. Los ideólogos de esa batalla que son los que el presidente escucha y consume atrasan siglos. Difícil imaginar cómo digirieron aquella cena con Roberto Piazza y su marido en Olivos luego de la pifiada de Davos, que muchos siguen hoy reivindicando como una genialidad. Ahí aflora la contradicción y complica todo con ruidos innecesarios. A veces incluso las esquirlas le han llegado a la economía. El proceso previo a las elecciones recientes será estudiado seguramente en esa clave por la historia. La repentina moderación del discurso presidencial no fue casual. Comprendió que la radicalización de sus compañeros de ruta libertaria cuando menos lo perjudicaba electoralmente y afectaba el desarrollo de la economía. Más allá de los errores de gestión.

En esa extraña alquimia, la Educación es un tema exótico, que a nadie en el gobierno le importa demasiado, salvo a los funcionarios del área, cuya cuota de poder está menguada. El resto no sabe muy bien para qué puede ser útil en el mundo del equilibrio fiscal y los bonos de la deuda. Para poder saberlo, a los hombres y mujeres centrales del poder les falta la cultura general mínima y conocer la historia para entender el papel que lo cultural y la educación han jugado siempre.

El debate de la educación y su centralidad ya fue explicitado por Sarmiento en el siglo XIX y en su discurso de 1871 ante el Congreso lo explica con claridad: "Pero la demanda de educación está en razón inversa de su necesidad. Pídenla menos los que más la necesitan, que son los destituidos; y tratándose de nuestras provincias, aquellas más apartadas y por lo mismo más pobres o con mayor suma de población ignorante, requieren del auxilio de la Nación para mejorar su condición. Debo pediros, pues, la sanción del proyecto de ley que sobre la mejor distribución de subsidios nacionales os fue sometido por el Ejecutivo en vuestras anteriores sesiones." Este espíritu es el que alentó a los gobernadores en el Consejo de Mayo, representados por el mendocino Alfredo Cornejo, a abordar el tema financiamiento educativo de un modo distinto, considerando que el dinero debe ir de modo centralizado en función de un programa del que se rindan cuentas de resultados. Hasta ahora, como se gastaba mal y se necesita ajustar para cerrar las cuentas, sólo se le ha recortado a la educación. A la hora de considerar el tema en el Consejo de Mayo se lo puso en un anexo y no en el cuerpo central de la ley. Todo un signo. En realidad éste, como el resto de los temas de educación, no necesita otra ley. Con decisión política del Ejecutivo nacional y buenas resoluciones del Consejo Federal de Educación sería suficiente.

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Lo que se requiere es, en primer lugar, un liderazgo presidencial en la educación hasta hoy ausente. Si en tiempos de Sarmiento y luego de Avellaneda y Roca fueron los presidentes los que estuvieron a la cabeza y consiguieron el sistema del que nos enorgullecemos todavía, hoy es más urgente. En aquel tiempo, siguiendo la fórmula de Tulio Halperín Donghi, se necesitaba una Nación para el desierto argentino. Hoy se necesita una educación para la Nación argentina. ¿Y por qué si el país fue un faro educativo? Porque décadas de políticas equivocadas han llevado de nuevo al país al desierto educativo. Lo muestran los resultados, que se disimulan y no se quieren ver. Y se denosta a los que los aluden para mejorar y salir de la decadencia.

Hay muchas personas competentes que podrían intervenir en la construcción de un proyecto educativo integral que mire al futuro y no a las nostalgias del pasado. Hay que sacar a la educación de la contienda corporativa, no cambiarla de corporación dominante. Muchos de los que podrían contribuir son terriblemente críticos de Javier Milei y su gobierno porque la pulsión conservadora los aleja y no creen en esa ala liberal. Pero son argentinos competentes técnica y políticamente para aportar a una proyecto que deje de lado las peleas y ponga al país y sus problemas por delante. Se requiere síntesis, simpleza y puntualidad, porque incluso la ley actual es demasiado puntillosa de cosas que no suceden.

Sin necesidad de ley nueva, con liderazgo presidencial, con centralidad educativa y no con una gestión subsumida en ese vago ministerio de Capital Humano, con el adecuado financiamiento y el control sobre él hay una agenda no discutida de temas imprescindibles que si se sacaran a la luz pública se podría avanzar enormemente. De una buena vez hay que separar la educación obligatoria de la universitaria, con presupuestos claros y distintos, con buena información de ambas. La que hay es pésima aunque muchos protagonistas digan lo contrario. Para hacer rendición de cuentas contra resultados y seguir la marcha de las gestiones ni el Sinide ni el Siu Guaraní y otros sistemas universitarios son confiables. Han cumplido al pie de la letra su misión de ser opacos. Tiene que haber sistemas estatales donde escuelas y universidades carguen en tiempo real sus informaciones para obtener recursos. ¿Es posible que las universidades y sus magros resultados de egresados y en muchos casos de calidad sigan sin darle cuentas al país de su crecimiento innecesario e irracional de los últimos años y pretendan que el conjunto siga financiando esa fiesta de la política como si nada hubiera pasado? ¿Por que todo el país debe pagar lo que hicieron mal sólo por razones políticas camufladas en presuntos motivos educativos? Hay otros temas que están en el proyecto que no necesitan de nuevas leyes como formación docente y la evaluación de los que ejercen la profesión de enseñar y la imprescindible evaluación de alumnos, la educación a distancia, el homeschooling y la situación de la educación privada. Ojo que en muchas provincias funciona muy bien y las normativas que se planean traerían ruido. ¿Qué sentido tiene tomar un examen al fin de la secundaria, que sin dudas hay que tomar, si no se explicitan antes qué cambios habrá en secundario y qué se hará con el resultado del examen? Esto ya sucede en muchos países de la región, pero definieron el antes y el después previamente. Ese examen final es bueno, no necesita ley y requiere de saber en que secundaria se lo va a tomar y para qué. En general se necesita más cumplir con la ley vigente que hacer nuevas normas. Incluso repasar lo que nunca se cumplió y analizar por qué. Para eso hay que aplicar decisión política y establecer un necesario juego entre la autoridad nacional educativa y las provincias. Algo que nunca ha sucedido plenamente. La Argentina está obesa de normativa y desnutrida en cumplimiento efectivo. Un ejemplo de los muchos que se podrían dar. La ley dice en su artículo 87: "El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades jurisdiccionales diseñarán estrategias para que los/as docentes con mayor experiencia y calificación se desempeñen en las escuelas que se encuentran en situación más desfavorable, para impulsar una mejora en los niveles de aprendizaje y promoción de los/as alumnos/as sin perjuicio de lo que establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral." Suena muy lindo y quienes lo votaron en 2006, hace 20 años casi, se quedaron muy conformes. Todos sabían que ese buen principio era imposible de cumplir con los estatutos docentes vigentes en las provincias, que los sindicatos se niegan a discutir y revisar. Muchos son los puntos en cuestión de este tipo. Por eso, menos leyes nuevas y más gestión de lo de siempre.