Escribe Martín Kerchner, presidente provisional del Senado.
Déjà vu: Argentina sigue el camino de Mendoza
Mientras el país avanza hacia las reformas estructurales largamente postergadas, Mendoza ya viene recorriendo ese camino desde hace una década. La provincia no esperó a que cambien las reglas del juego a nivel nacional: con las herramientas disponibles, tomó decisiones valientes, ordenó sus cuentas, bajó impuestos y apostó por un Estado más inteligente y eficiente. Hoy, muchas de esas políticas empiezan a replicarse en la agenda nacional.
Desde 2015, Mendoza puso el equilibrio fiscal como bandera. El Estado no debe gastar más de lo que le ingresa: con esa premisa, se ordenaron las cuentas públicas, se redujo el déficit y se alcanzó el equilibrio fiscal. Esta disciplina permitió mejorar la gestión y aumentar la previsibilidad, condiciones necesarias para atraer inversiones genuinas.
En paralelo, la provincia asumió competencias que el Estado nacional dejó de atender. Cuando se retrajo la inversión en infraestructura vial, Mendoza no se quedó esperando: invirtió recursos propios en mejorar rutas estratégicas, como las del corredor bioceánico. El mensaje fue claro: hacerse cargo, anticiparse, no depender.
En materia tributaria, Mendoza bajó un 20% la alícuota efectiva del impuesto a los Ingresos Brutos entre 2016 y 2024, eliminó más de la mitad de las tasas retributivas por servicios y trazó una senda descendente del impuesto a los Sellos que llegará a tasa 0% en 2030. Esta política fue acompañada por varios municipios que también redujeron tributos, generando un entorno más amigable para invertir y emprender. Hoy la Nación plantea avanzar en ese mismo sentido: eliminar trabas, simplificar el sistema y fomentar la actividad privada.
La austeridad no implicó parálisis. Mendoza no recortó a ciegas: redireccionó recursos a áreas prioritarias como educación, salud, seguridad y obra pública clave. Durante el mismo período, se redujo el gasto corriente en un 15%, para priorizar el gasto de capital.
También hubo innovación institucional. La Oficina de Conciliación Laboral permitió reducir en un 60% la litigiosidad en causas por despido, sin afectar derechos laborales. En paralelo, Mendoza ostenta hoy uno de los índices más bajos de empleo público del país: 46 empleados públicos cada 1.000 habitantes, muy por debajo de provincias que superan los 90 e incluso los 100. La diferencia no es solo estadística: habla de una visión política distinta, que apuesta por fortalecer al sector privado.
En ese mismo espíritu, Mendoza impulsó procesos de desregulación que promovieron mayor competencia y libertad de elección para los usuarios. Se habilitaron plataformas como Cabify y Uber, que hoy conviven con los taxis tradicionales, ampliando las opciones de movilidad y mejorando el servicio. A su vez, con el MendoTran se reordenó integralmente el transporte público, mejorando recorridos, eficiencia operativa y tecnología al servicio del usuario.
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Y todo esto, en un contexto adverso. Mendoza fue históricamente discriminada en la asignación de obra pública y recursos nacionales. A pesar de ello, no subió impuestos ni se endeudó en exceso: la deuda pública medida en dólares se mantiene entre las más bajas de las últimas décadas.
Boleta única de papel, Ficha Limpia, orden fiscal, baja de impuestos, infraestructura clave financiada con fondos propios, apuesta por las pymes... No es casualidad. Es coherencia. Es una visión de desarrollo basada en la competitividad, la institucionalidad y la iniciativa privada.
Desde hace poco más de un año, el gobierno nacional ha comenzado a transitar un sendero de cambio. Mendoza acompaña ese rumbo con convicción, experiencia y responsabilidad. Porque si al país le va bien, a Mendoza también. Por eso, aportamos nuestra experiencia al proceso de transformación nacional, con la convicción de que lo importante no es quién empieza primero, sino que todos lleguemos a destino: un país más competitivo, justo y con más oportunidades.
Martín Kerchner Tomba
Senador Provincial
Presidente Provisional del Senado
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