Aún no se aplica el bloqueo a celulares comprados en el exterior

El proyecto del gobierno nacional para bloquear los teléfonos celulares que no sean declarados en aduana, parece estar congelado. La norma debía entrar en vigencia los primeros días de enero de 2018 y aún no hay novedades. ¿Qué paso?.

 Se debe a una disputa interna entre el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y la Secretaría de Comercio. El organismo regulador de las telecomunicaciones impulsa esta medida para frenar el mercado informal de teléfonos móviles, estimado en 3 millones de unidades, que representa un perjuicio de entre US$800 y US$1.000 millones.

El plan contempla la posibilidad de que los fabricantes y marcas internacionales ingresen los IMEI, un código único que emite cada celular cuando se activa, de las unidades que no se hayan vendido en el país. Es decir, sospechado de ser contrabando. Es un universo que abarca tanto a las compras en cuevas ilegales como a los aparatos que traen los turistas argentinos desde el exterior (Chile y EE.UU.) y que no son declarados en Aduana.

Por el momento, los celulares comprados en el exterior sin declarar, no serán bloqueados.

Desde el Gobierno aclaran que la medida apunta a controlar “el grueso del contrabando, que entra por containers” y no a perseguir al turista. El gran problema es que marcas y fabricantes sólo pueden determinar los IMEI irregulares, lo que representa una encrucijada para el sistema que se intenta implementar. 

Al respecto, desde la Secretaría de Comercio dicen que “eso es un problema del Enacom”.

El Enacom sostiene que “la lista negra enriquecida” para bloquear celulares ilegales está firme. “Estamos analizando su implementación junto al Ministerio de Producción, pero no es lo único. También participamos para controlar comercios de venta ilegales”, dijo una fuente que cita el diario “Clarín”.

El contrabando surgió con fuerza a partir de 2014 (1,5 millones) y fue creciendo paulatinamente en 2015 (2 millones) y 2016 (2,5 millones). Desde la industria estiman que este año la cifra trepará hasta los 3 millones, causando pérdidas a fabricantes, marcas y al propio fisco.Fuentes del sector coinciden en que el tema sigue en la agenda, pero que ya no la encabeza.

“Ya no tiene tanto impulso. Pero se sigue conversando como un tema más”, señaló un ejecutivo.