Se decidió sancionarlos porque su forma de proceder no fue la correcta.
Próvolo: apercibieron a dos fiscales que recibieron la primera denuncia
El Procurador general de la Corte de Mendoza, Alejandro Gullé, apercibió a dos de los tres fiscales que intervinieron ante las primeras denuncias de abusos sexuales a niños hipoacúsicos en el instituto Próvolo de Luján de Cuyo, hace 10 años.
El expediente 95.687/08/09 fue la causa por la que los fiscales María de las Mercedes Moya y Fernando Giunta recibieron un apercibimiento judicial.
Se trata del documento que contiene la primera denuncia de lo que hoy es la causa Antonio Próvolo, uno de los más grandes casos de pedofilia de América Latina en los que está involucrada la iglesia Católica, publica el Diario UNO.
En tanto, la fiscal Claudia Ríos, a quien también se le abrió un sumario administrativo por haber estado involucrada en la recepción de la denuncia inicial, no fue sancionada, puesto que se le dio el visto bueno a su descargo.
No sucedió así con Giunta y Moya, a los que, luego de presentar un informe de su actuación ante la primera denuncia del caso, se decidió amonestar porque su forma de proceder no fue la correcta, al menos así lo consideró el Ministerio Público Fiscal.
Las sanciones fueron confirmadas este miércoles por el procurador general de la Corte de Mendoza, Alejandro Gullé.
"No se investigó a fondo el caso en el momento en que se advirtió. Esto nos hubiera insumido muchos recursos para determinar la veracidad del caso, pero al mismo tiempo hoy las denuncias no serían tantas ni tan graves", opinó Gullé.
Además de confirmar la sanción para Moya y Giunta, y dejar afuera a Claudia Ríos, Gullé explicó que se trata de un llamado de atención que no significa nada en lo material para ambos fiscales, no hay jury, ni descuentos salariales, ni suspensión.
Lo que sí el apercibimiento queda como una marca en el legajo de los empleados judiciales. El atenuante que no permitió que la actuación de ambos fiscales fuese más duramente cuestionada, fue que en principio, la denuncia era un poco inconsistente.
No se adjuntaban pericias psicológicas del niño en cuestión y tampoco la madre acercó sus dibujos como comprobante de lo que estaba denunciando. Sin embargo, luego se analizó la prueba, y la psicóloga dijo que no se detectaban indicios de abuso.
Claramente, fue una maniobra de las personas involucradas, puesto que la psicóloga que lo rubricó, Cecilia Raffo, era parte del Próvolo y la apoderada legal de la escuela Graciela Pascual - que hoy cumple prisión domiciliaria– apoyó que así sucediera.
Por tanto, los fiscales tuvieron en ese momento, pocos indicios de los cuales valerse para investigar con más profundidad.



