El líder camionero habría cometido el delito en la compra de lujosas propiedades.
Investigan a Hugo Moyano por presunto lavado de dinero
Hugo Moyano está siendo investigado por presunto lavado de dinero en la compra de lujosas propiedades. El líder camionero sumó una nueva causa que está a cargo del juez Néstor Barral.
Una denuncia vinculada a la adquisición irregular de dos casas en una zona exclusiva fue el puntapié inicial para comenzar con la investigación.
El Juez busca determinar si el dinero utilizado para la compra provenía de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros mediante empresas que pertenecen a los hijastros de Moyano, Juan Manuel Zulet y Valerio Salerno, y tienen como principales clientes al Sindicato de Camioneros como a entidades afines, tales como la obra social del gremio.
Las tres firmas realizan trabajos que permiten ser facturados a Camioneros. Se trata de Aconra Construcciones SA, Irai SA, que presta servicios vinculados a la salud y gerencia la Obra Social de Camioneres y Dixey SA, empresa enfocada a confeccionar ropa de trabajo y a brindar servicios de consultoría informática.
Otro punto que nace de la investigación es que Aconra Construcciones estuvo a cargo de llevar la obra de la ex clínica Antártida, donde Camioneros inauguró hace unos días su sanatorio médico, evento en el que Hugo Moyano se cruzó con varios funcionarios.
En cuanto a las viviendas investigadas por el juez Barral, una de ellas es del ex secretario general de la CGT. Una propiedad con un valor de más de un millón de dólares. Otra de las vinculaciones se da porque Dixey SA tiene ese domicilio y un número de teléfono asociado a sus registros.
Con estos datos, el magistrado inspeccionará si la casa fue puesta con el nombre de esa compañía para esconder a Hugo Moyano.
El otro domicilio está a nombre de Liliana Zulet, esposa de Moyano. La mujer forma parte del directorio de Dixey SA. En este caso se da una maniobra similar, ya que Aconra Construcciones tiene un número telefónico vinculado a la dirección de esa vivienda, por lo que el juez intenta determinar si la intención del gremialista es esconder su participación en la transacción.
