Funcionarios de La Cámpora de DD.HH. se van enojados con Paco

Este lunes presentaron la renuncia los titulares de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza. El subsecretario renunciante, Juan Manuel González, le confirmó al Post que había presentado la dimisión junto a la directora de promoción de DD.HH., Natalia Brites, y el director de Protección, Emilio Báez. Los motivos son las renuncias son los desacuerdos con Francisco Pérez en política de Derechos Humanos.

Estos portazos se dan en un contexto en el que la presidenta, Cristina Fernández, le está haciendo un vacío a Paco Párez.

Sin embargo, González explicó por qué él y sus compañeros (los tres de La Cámpora) presentaron sus renuncias. “El Gobernador no ha profundizado la política de Derechos Humanos. Hace cosas para la foto y todo queda ahí”, disparó.

"Paco firmó ese decreto para la foto".

El funcionario detalló que “ahora viene el 24 de marzo y hace un año Paco firmó el derecho 499/14 que creaba el Espacio de la Memoria en el D2. Y nada se logró porque no está la decisión política —del gobernador—“.

Según González, “actualmente donde funcionaba la parte clandestina del D2, en el entrepiso, ahí hay tres oficinas que están ocupadas por tres directores de la Policía. En ese espacio le propusimos al gobernador hacer un punto intermedio para trabajar con las fuerzas de seguridad en conjunto, que son distintas a lo que eran hace 30 años. Y bueno, no hubo voluntad de Paco para que la subsecretaría de DDHH también instale ahí oficinas, sólo lo hizo para la foto”, aseguró.

Por otro lado, el renunciante le apuntó a la dudosa muerte de Leonardo Rodríguez (30) en la Comisaría N° 27, de Godoy Cruz, ocurrida el pasado 16 de enero.

Al respecto, González argumentó: “Vemos que en este hecho está vinculada la Policía y por información mediática, porque no hay un registro, hemos contabilizado que durante la gestión de Paco se produjeron 20 muertes dudosas de violencia institucional en las que intervinieron las fuerzas de seguridad”.

También el Código de Convivencia Urbana molestó a los funcionarios camporistas de DD.HH. Para ellos, la Municipalidad de Mendoza penaliza las protestas a discreción y por eso pidieron que se derogue la ordenanza. “Cuando pedimos que se elimine esa prohibición, comencé a recibir llamados del Cuarto Piso (de Casa de Gobierno donde está el despacho de Pérez) cuestionándome la postura”.

En síntesis, a los integrantes de DD.HH del gobierno no les ha gustado la gestión de Francisco Pérez y menos les gusta en el último tramo de su mandato en el que la Presidenta ya ni lo tiene en cuenta.