Los dispuso el juez federal Luis Rodríguez. Creen que la medida pueda alcanzar el ex ministro.
Un polémico juez hizo zafar a uno de los acusados de la causa Río Turbio
El juez federal Luis Rodríguez rechazó detener al ex ministro de Planificación Federal, Julio DeVido, al exfuncionario de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Fernando Lisse y otra veintena de imputados.
Fernando Lisse fue beneficiado con la exención de prisión bajo caución juratoria -de palabra- por lo tanto no deberá depositar ningún bien ni dinero para mantener su libertad.
Según informó el magistrado a Infobae, "Solamente podrá ser restringida la libertad ambulatoria del imputado, cuando se establezca de manera fehaciente que intentará fugarse o entorpecer la acción de la justicia".
Si bien la orden judicial sólo es valida para Lisse, podría ser un precedente para que el resto de los imputados, entre ellos De Vido soliciten el mismo beneficio . "Este es el criterio que esta judicatura ha mantenido en todas las causas tramitadas ante este Tribunal, independientemente de los sucesos fácticos investigados en cada expediente", manifestó Rodríguez.
El fiscal Carlos Stornelli había solicitado la indagatoria y detención para 23 personas, entre los que se cuentan De Vido, el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta y el ex coordinador general del Ministerio Jaime Alvarez, todos ex funcionarios del Ministerio de Planificación. También de ex funcionarios de YCRT, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Fundación Regional Santa Cruz de la universidad.
Respecto de la exención de prisión para Lisse, Adrián Albor, abogado defensor, indicó que no existe peligro de fuga ni riesgo de entorpecimiento de la investigación.
"La única justificación constitucionalmente válida para mantener privada de su libertad a una persona durante el proceso, cuando aún goza de la presunción de inocencia, es la existencia de peligro procesal; es decir, la existencia de elementos de convicción suficientes para presumir que intentará fugarse o que estando en libertad entorpecerá el desarrollo de la investigación", indicó el letrado.
Los ex funcionarios fueron acusados de defraudación al estado por la suma de 264.935.123 de pesos en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio.
