Ocurrió en 2011. Por el caso, el Tribunal de Cuentas estableció que un ex funcionario de la DGE tiene que devolver más de un millón de pesos.
Pagaron más de $10.000 para alquilar computadoras que costaban $3.500
En el mercado una computadora costaba $3.575, pero en el 2011 el Estado pagó $10.210 para alquilarla. Mientras que por una impresora cuyo valor era de $2.646, se abonó $7.250. El caso fue descubierto por el Tribunal de Cuentas, que a través de un fallo obliga a un ex funcionario de la Dirección General de Escuelas a reintegrar al Estado más de un millón de pesos.
Hace cuatro años la DGE puso en marcha el sistema para la inscripción docente del Bono de Puntaje 2011. El equipamiento informático necesario para el operativo fue solicitado a directores de colegios, quienes se negaron a prestar las computadores e impresoras por "miedo a la seguridad y uso".
Entonces la dependencia que por entonces comandaba Carlos López Puelles (hoy intendente de Luján de Cuyo) decidió buscar las máquinas en el mercado, a través de una compra directa. Aunque en realidad optó por otro mecanismo: alquiler con opción de compra.
La empresa elegida fue Systech, de Buenos Aires. Y los sobreprecios que pagó el Estado fueron exorbitantes
Por ejemplo, el presupuesto para cada PC era de $3.575 y se terminó pagando $10.210 por el alquiler. Peor fue el caso de las impresoras, por las que se abonó $7.250 cuando en el mercado costaban $2.646. El dato llamativo es que en los depósitos de la ex bodega Giol había 26 impresoras listas para ser utilizadas.
La investigación del Tribunal de Cuentas también dio cuenta que se alquilaron más computadoras de las solicitadas (fueron 130 cuando el requerimiento inicial era de 100 ordenadores). Pero no fue la única observación: además no encontró justificaciones para la supuesta urgencia y no quedó demostrada la falta de stock que argumentaron los funcionarios; criticó que la operación se realizara a través de un sistema de leasing (alquiler con opción a compra); cuestionó la compra directa sin licitación; y reclamó por los precios excesivos que se pagaron por esos bienes.
En total, por el alquiler de las computadoras se pagó $913,487,80
Para el Tribunal de Cuentas, la cifra "resulta exorbitante e irrazonable" y consideró "ilegal" el proceso.
Carlos González, que por entonces se desempeñaba como director de Administración de la DGE, fue multado y deberá devolver al Estado $1.256.385.
